*Cualquier persona o vecino puede denunciar la violencia que viva este sector
De acuerdo a un reciente estudio realizado por estudiantes de la licenciatura en enfermería y obstetricia de la Universidad de Guanajuato, reveló que la violencia en contra de las personas adultas mayores es un fenómeno muy poco reconocido y subestimado, lo cual, en ocasiones ellas niegan por temor a sufrir represalias. Se estima que para el año 2050, 22 de cada 100 guanajuatenses serán personas adultas mayores.
Por ello, el diputado local César Larrondo Díaz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, así como al Código Penal del Estado de Guanajuato, con objeto de definir el concepto de violencia contra las personas adultas mayores.
Y es que el maltrato y abandono de que gran cantidad de personas adultas mayores son objeto por parte de sus familiares y de la ciudadanía existe, pero no se difunde.
Por ello, la propuesta busca promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de este numeroso grupo de la población guanajuatense.
“El mal trato que sufren es una conducta nociva que destruye su salud física, psicológica, sexual, autónoma, económica y en general incide en sus demás derechos, atentando contra su dignidad y su vida plena”, refirió el legislador.
Añadió que sin duda alguna, ese maltrato repercute en los ámbitos políticos, sociales y económicos, se trata de un problema en el cual los adultos mayores no se reconocen como víctimas de maltrato, pues temen sufrir mayores daños si denuncian, por lo cual optan por guardar silencio o negar los hechos”.
“Primero, definimos el concepto de violencia contra las personas adultas mayores; segundo, establecemos los tipos de violencia que se cometen en su contra; tercero, introducimos a los principios rectores de la ley el principio de igualdad sustantiva; cuarto, introducimos el concepto de capacidades económicas dentro de los derechos de las personas adultas mayores e integramos dentro de este derecho el desarrollo y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales”, precisó Larrondo Díaz.
De igual forma propone establecer que la familia sea la responsable de mantener y preservar la calidad de vida de esas personas y que las denuncias por violencia física no sólo sean por querella.
“Ello a fin de que nuestros adultos mayores ya no estén en la disyuntiva de denunciar o no el mal trato que sufren por temor a sufrir más violencia, pues ahora cualquier persona o vecino que tenga conocimiento de la violencia que viva una persona adulta mayor podrá denunciar, con lo cual el ministerio público emitirá los actos ministeriales respectivos para salvaguardar en todo momento la vida y la integridad de nuestras queridas adultas y adultos mayores”, aseveró.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
“Ahora cualquier persona o vecino que tenga conocimiento de la violencia que viva una persona adulta mayor, podrá denunciar, con lo cual el Ministerios Público emitirá los actos ministeriales respectivos para salvaguardar en todo momento la vida y la integridad de nuestras queridas adultas y adultos mayores”, finalizó.