Poblaciones vulneradas
Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez
Dando continuidad a mi comentario de la semana pasada, sobre la desaparición de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (Smei), para ser subsumida en una nueva Secretaría de Derechos Humanos (SDH), donde también se integraría el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis), comparto algunas opiniones teniendo a la vista la iniciativa enviada por el gobernador el 15 de agosto pasado.
La escueta exposición de motivos señala que la transformación de la Smei será «la señal y el impulso de un enfoque más amplio y especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos a lo largo de la administración estatal y de la vida cotidiana de todas las personas…» Gracias a los recursos de la Smei, la nueva SDH «podrá entrar en funciones a plena marcha, con una transición fluida y una mejor utilización de los recursos existentes.»
Las atribuciones de la nueva SDH se complementan con la incorporación del Ingudis, «además del traslado de las atribuciones que en la materia posee la Secretaría de Gobierno». Así, la SDH «estará enfocada en aspectos tan relevantes como la implementación de programas que promuevan la inclusión social y la participación activa de personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes y personas de la comunidad LGTBI en la vida pública y comunitaria. […] Además, trabajará para defender los derechos culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas y otros grupos que conserven lenguas y prácticas culturales tradicionales.»
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano se transformará en la Secretaría del Nuevo Comienzo. Me pregunto si su actual Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, que hoy se hace cargo de velar por los indígenas en la entidad, se mantendrá en la nueva estructura o emigrará a la SDH.
Se dice que las adecuaciones se traducirán en políticas transversales «encaminadas a garantizar que todas las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso igualitario a servicios básicos como salud, educación, vivienda y empleo, siempre respetando y promoviendo tanto su identidad cultural como su identidad personal.»
En las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado, en su artículo 32 quinquies, no se precisan las acciones en favor de los conjuntos en situación de vulnerabilidad. Para los 1.4 millones de guanajuatenses migrantes sólo se incluye una atribución, numeral VII: «Diseñar, e implementar políticas públicas para la atención integral de los migrantes de conformidad con la ley en materia de grupos vulnerables».
Inquieta que tampoco haya precisión en lo referente a los discapacitados, que según el último censo suman en Guanajuato 285 mil 615 personas (4.6% del total), o con alguna limitación física, 613 mil 749 (10%), o con algún problema o condición mental, 74 mil 494 (1.2%), para sumar un total de 15.8% de la población.
La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del INEGI reportó que en Guanajuato sumaron 227 mil 957 individuos con identidad LGBTI+: un 3.7% del total. ¿Cómo serán atendidos? ¿Y el resto de las poblaciones en vulnerabilidad?
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