*A diez familias les sacaron todos sus muebles para demoler sus viviendas y poder construir un nuevo fraccionamiento

*Podrían resultar afectadas en total unas 50 familias

*Desde 1992 compró en lo que era zona ejidal un terreno en 10 mil pesos y ahora no tiene nada

Por el momento diez familias fueron desalojadas de sus viviendas en la comunidad Paso de Perules, perteneciente a este municipio, pero serían en total 50 las casas que demolerían debido a que no cuentan con las escrituras de sus terrenos que adquirieron desde hace varias décadas cuando todavía el predio era zona ejidal.

Al acudir a entrevistar al director de Desarrollo Rural Municipal, Serafín Sandoval Palacios, negó tener conocimiento de este hecho ocurrido hoy a las ocho de la mañana en dicha localidad que se encuentra en la zona sur de la ciudad.

Es más, hasta aseguró que por la mañana había estado en su oficina el delegado de la comunidad Paso de Perules, Juan Marañón Martínez y este nunca le informó que tuvieran problemas con sus predios., esa fue su versión.

Las familias fueron desalojadas al sacarles todas sus pertenencias a sus pobladores a la calle luego de que llegó la orden de un juez quien resolvió a favor de quien se considera legítimo propietario del terreno y del cual se desconoce su nombre.

Mientras tanto, las familias quedaron en pleno desamparo sin un hogar donde poder vivir, y Sandoval Palacios comentó que el gobierno local no tiene posibilidad de poder apoyarlos ante una resolución dada por el juez de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Guanajuato.

Este presunto fraude se generó desde hace varias décadas cuando muchas familias compraron lotes a diversos precios, dependiendo de la dimensión.

Quien les vendió los terrenos de manera ilícita, fue Gil Vizguerra a decir de uno de los afectados, Delfino Venegas, quien dijo que él adquirió mil metros de terreno en diez mil pesos en 1992, pero se estableció el compromiso que les gestionarían las escrituras, cosa que no ocurrió.

Con el apoyo de varios elementos de la policía municipal preventiva, la actuaria del Poder Judicial Estatal, del cual se desconoce su nombre, ordenó con prepotencia y autoritarismo desalojar las diez casas y unos 50 habitantes se quedaron literalmente en la calle, entre personas adultas y niños.

Los niños al salir de sus escuelas se encontraron con la sorpresa que ya no tenían en donde vivir.

Los afectados coincidieron en que interpondrán una denuncia contra quien resulte responsable, en este caso contra Gil Vizguerra.

Al surgir el legítimo propietario, ganó el juicio y ahora varias familias se quedan en el desamparo.

Se tuvo conocimiento que una inmobiliaria se encargará de construir un nuevo fraccionamiento en el lugar, por lo que Delfino Venegas previó que serán más las familias afectadas de dicha comunidad.

El desalojo ocurrió a las ocho de la mañana y a esa hora no entra el director de Desarrollo Rural a su oficina, por lo que no es creíble que no le haya reportado el delegado de la comunidad que estaba ocurriendo este lamentable hecho.

La actuaria del Poder Judicial del Estado no permitió al delegado de la comunidad, Juan Marañón Martínez defender a sus representados y tampoco permitió a los reporteros que acudieron a la comunidad a realizar su trabajo.

Delfino Venegas señaló que Gil Vizguerra nombró como apoderado legal a su hijo Luis Vizguerra quien era el que tramitaría las escrituras, pero esto nunca ocurrió.

En esta localidad rural tiene también una propiedad el actual asesor de los diputados locales del PRD, José Luis Barbosa Hernández, quien también ha sido líder estatal de este Instituto Político.

A él también le quitaron una parte de su terreno pero no le demolieron su casa porque él si cuenta con escrituras.