*Tiene dos años de retraso en el estado de Guanajuato
*Hasta mayor de este año ya existían 620 desapariciones forzadas en la entidad
Desde la legislatura anterior, los diputados locales dejaron varias iniciativas pendientes y una de ellas fue la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas para el estado de Guanajuato que al menos tiene dos años de retraso.
Por ello, la actual legislatura, a propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional se trabaja en una propuesta que también incluye la Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Guanajuato.
Es en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables donde se inició la primera mesa de trabajo para el estudio de la iniciativa.
De acuerdo a datos oficiales, hasta el pasado mes de mayo se tiene el registro de 620 personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, aunque mes a mes se incrementa esta cifra.
Los diputados participantes coincidieron que, si bien urge armonizar con la ley general, deben ser cuidadosos en lograr que la ley local no sea una copia de la federal.
Las diputadas Libia Denisse García Muñoz Ledo, Laura Cristina Márquez Alcalá; y los diputados Guadalupe Vera Hernández y Raúl Márquez Albo, aceptaron que existe una omisión del Estado de Guanajuato en la materia porque desde la legislación anterior debió haberse aprobado el dictamen respectivo.
En los trabajos se abordó el objeto de la ley, las finalidades, las disposiciones para personas desparecidas menores de 18 años, las responsabilidades administrativas, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Consejo Estatal Ciudadano y los grupos de búsqueda.
En cuanto a la Comisión Estatal de Búsqueda, se dejó encorchetado lo relativo a su integración. De igual manera, lo correspondiente a la fiscalía especializada, será expuesto por la Fiscalía General, con posterioridad.
En la reunión también asistieron asesores de las fracciones parlamentarias del PAN, Morena, PRI, PVEM y PRD, representantes de la Coordinación General Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y de Fiscalía General del Estado de Guanajuato.