Derechos para los migrantes, 2
Luis Miguel Rionda (*)
En los primeros ocho días de marzo, dos hechos fueron relevantes para el tema de la lucha por el reconocimiento de los derechos de representación y participación política de los guanajuatenses en el extranjero: el primero se suscitó en el Congreso del Estado, donde el grupo legislativo mayoritario presentó una iniciativa que obligaría a los partidos políticos, en el proceso electoral 2023-2024, a incluir en el primer lugar de sus listas para diputados locales de Representación Proporcional (RP) a un o a una migrante. El segundo se dio en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, cuyo Consejo General acordó aplicar una acción afirmativa para ese mismo proceso electoral, que consistiría en la obligación de los partidos políticos de postular, entre los cuatro primeros lugares de sus listas de candidatos a diputados de RP, a un o a una integrante de la comunidad en el exterior.
Me parece claro que la clase política local se ha sensibilizado sobre la necesidad de ampliación progresiva de los derechos políticos de la ciudadanía toda; pero en este caso referidos a la enorme comunidad migrante, que sin duda suma más de un millón de paisanos en otros países, en particular en los Estados Unidos.
La comunidad migrante originaria de Guanajuato ha aprendido a organizarse para demandar sus derechos. No era así en los años noventa, cuando algunos líderes comenzaron a plantear la demanda del voto desde el exterior, que entonces se reconocía apenas en una cincuentena de países del mundo —hoy son 115—. Desde esos años me involucré en este tema, colaborando con líderes, activistas y académicos. No existía mucha conciencia sobre la ciudadanía binacional; más bien el interés residía en que las comunidades de origen recibieran obras y servicios. Pero poco a poco esto fue cambiando, en buena medida gracias a una mudanza generacional y al crecimiento educativo en los paisanos —y paisanas, que emergieron como nuevas protagonistas empoderadas—. La posibilidad para los mexicanos de obtener la doble ciudadanía se concretó en 1997 con la reforma al artículo 32 de la constitución. Esa reforma removió un obstáculo tradicional para que los paisanos pudieran asumir derechos políticos en el país de destino, sin renunciar a los del país de origen.
Desde entonces se ha consolidado un nuevo tipo de ciudadanía binacional, que asume derechos y obligaciones en ambos lados de la frontera. Con ello nació entre estos mexicanos una nueva conciencia, muy alejada de la tradicional actitud de súbditos, sujetos a una autoridad autócrata: la del “supremo gobierno”. Los migrantes de hoy exigen ser reconocidos como sujetos de derechos plenos, en concordancia con la dimensión del aporte económico que remiten a sus comunidades de origen. Parafraseando a los colonos fundadores de la democracia liberal en el país del norte: No taxation without representation. No más remesas sin representación política.
Nuestra entidad está a punto de unirse a las pocas que reconocen la figura de la diputación migrante. Esta ya existe en Zacatecas, Ciudad de México, Chiapas, Nayarit y Guerrero. En Jalisco los paisanos pueden votar a distancia por diputados de RP. Si progresa la iniciativa legislativa del PAN, o si se aplica la acción afirmativa del órgano electoral, contaremos con una o más curules ocupadas por migrantes en la LXVI legislatura. En ese caso los partidos políticos deberán realizar un proceso de consulta a los paisanos en el exterior, para reclutar personajes realmente involucrados en las luchas de esa comunidad. Ojalá no se caiga en la simulación, como ya ha sucedido con la representación indígena o de minorías sexuales. Hay muchos detalles qué precisar, pero al menos el tema ya está formalizado. ¡Enhorabuena, paisanos!
(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/ – https://rionda.blogspot.com/