Lista de año nuevo, 3
Luis Miguel Rionda
Culmino mi revisión de los ocho motivos de reflexión que planteo a los lectores con motivo del inicio de año. Propongo como séptimo ítem la doble crisis que se nos avecina en el segundo semestre del mismo: la elección de los juzgadores del Poder Judicial Federal. ¿Por qué será doble este trance? Primero, porque al INE lo están enviando a la guerra sin el avituallamiento necesario.
Aunque originalmente presupuestó 35.8 mil millones de pesos, la Cámara de Diputados le recortó 24.6%, para dejarlo en 27 mil millones para la totalidad de sus gastos en el 2025, incluyendo las prerrogativas de los partidos políticos (27.2%) y el gasto para la elección judicial. Se aprobaron 6.3 mil millones para desarrollar esta complicadísima elección, lo que sin duda deja expuesta a la institución. Segundo, porque la nueva integración judicial será definida por la demagogia electorera. No más carrera judicial meritocrática. Ahora llegarán quienes tengan imagen, saliva y conectes.
¿Qué pasará el 1 de junio próximo? Si no se le aprueban al INE importantes recursos adicionales ¾los consejeros solicitaron una ampliación de 1.5 mil millones¾ la elección puede colapsar. No se podrán instalar las 170 mil casillas acostumbradas; tal vez un tercio, o menos, como centros de votación, donde se podrían recibir hasta cuatro o cinco mil votos, para ser procesados por ciudadanos y asistentes electorales rebasados por la complejidad del proceso.
No tanto por la cantidad de votantes, porque dudo que acuda a votar más del 10% del padrón. Las posibilidades de fracaso son altas, y con ello se abonará al descrédito de una noble institución, para dar paso y justificar su absorción por la Secretaría de Gobernación. Un retorno a los años ochenta.
Por último, pero no menos grave, la octava cuestión será el imparable déficit fiscal en que están cayendo los gobiernos de la 4T. El año pasado esa diferencia entre ingreso y gasto federal fue de -5.9% del PIB (https://t.ly/hFc24). Por supuesto fue un año electoral, cuando los gobiernos abren la bolsa para mantenerse en el poder. Pero también lo fueron 2018 (-2.1%), 2012 (-3.6%) y 2006 (-1.2%).
Se prevé que en 2025 se reduzca al -3%, algo irreal vistos el incremento del gasto operativo del gobierno y de los subsidios improductivos a amplias capas de la población. Se está impulsando una economía familiar parasitaria, que desincentiva el trabajo duro, el ahorro, la inversión en micro empresas y la formalidad. Ese modelo, sencillamente, es insostenible en el mediano y largo plazos.
En nuestro país, la transferencia bruta de recursos no funcionó en el pasado, ni ha funcionado en otros países dominados por populismos. Los subsidios generalizados llevaron a la quiebra a las administraciones de Echeverría y López Portillo. Hubo necesidad de mudar la estrategia hacia los apoyos focalizados, basados en la evaluación técnica de las poblaciones realmente necesitadas.
Así lo hicieron los programas “neoliberales” o de “transferencias condicionadas” como Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera, que se basaron en padrones bien delimitados, con criterios de inclusión y superación de factores inductores de la pobreza. Eso se ha acabado en estos años de “bienestar”, y el gasto se dispersa en depósitos monetarios con resultados efímeros, pero efectivos en votos.