Diputaciones indígenas a consulta
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) está desarrollando un proceso de “preconsulta” entre representantes de los pueblos, comunidades y personas indígenas de la entidad. Consiste en lo que han denominado “mesas de consulta”, de las que se han desarrollado cinco en diversas cabeceras municipales. Hoy viernes 9 tiene lugar la última, en Celaya. Tuve la distinción de ser designado representante del Rector General de la Universidad de Guanajuato en dos de esas mesas, en León y Tierra Blanca.
Me dio gusto reencontrarme con varios representantes de los pueblos originarios que traté hace dos años exactos cuando, en mi entonces calidad de consejero electoral del IEEG, coordiné una consulta para plantear un reglamento de registro de candidaturas indígenas a los ayuntamientos, con vistas al proceso electoral 2020-2021. Me inquietó conocer que el objetivo que nos planteamos entonces, de que esta importante población con presencia en al menos 13 municipios y 96 comunidades, más la importante población inmigrante en las principales ciudades del estado, cuente con una efectiva representación en el nivel municipal con al menos una fórmula de regidores en los municipios con presencia indígena importante. Al parecer el nuevo artículo 184bis de la ley electoral local no fue respetado por los partidos políticos en la integración de sus listas de candidatos en 2021, ni siquiera en los municipios de Tierra Blanca y Victoria, donde la presencia de esa población supera la cuarta parte del total. Por lo visto, tampoco la autoridad electoral vigiló el cumplimiento de ese ordenamiento. Eso se planteó en una de las mesas que testimonié.
La consulta que se desarrolla ahora se enfoca en la posibilidad de una representación indígena en el poder legislativo local. Es decir, que se obligue a los partidos a incluir candidaturas originarias en el siguiente proceso electoral. Esto en atención a una sentencia del tribunal electoral local. Se consultó a los participantes en las mesas sobre la mejor vía para ello: las candidaturas por mayoría simple ¾por distritos uninominales¾ o por representación proporcional ¾o listas de candidatos¾. También se cuestionó sobre la “autoadscripción calificada” y los documentos que deben respaldar la calidad de indígena de los candidatos. Como el lector podrá darse cuenta, ambas cuestiones no son de fácil comprensión, ni siquiera para personas con un alto nivel educativo, pues se trata de términos especializados del derecho electoral. Los convocados, en su mayoría, no contaban con los fundamentos, experiencia o conocimiento para poder emitir una opinión mínima sobre esas materias. Como era de esperarse, las respuestas reflejaron la poca comprensión que provocaban las preguntas. En este sentido, la consulta no reunió la condición de ser culturalmente adecuada.
Independientemente de la utilidad de la consulta, que será de difícil procesamiento, yo me pregunto si la mejor representación de las poblaciones originarias puede darse en el ámbito legislativo, muy cargado de intereses de camarillas estatales, o si mejor se concretara y ampliara su participación en los ayuntamientos, como buscamos en 2020, cuando no fue posible concretar una acción afirmativa que obligaría a los partidos a integrar al menos dos fórmulas, una de mujeres y otra de hombres, entre los cuatro primeros lugares de las listas para regidurías.
Me alegra, sin embargo, que el tema de los derechos de participación y representación política de los pueblos originarios se mantenga vivo y actuante en una entidad como Guanajuato, tradicionalmente refractaria a reconocerlos por la arraigada convicción de que “aquí casi no hay indígenas”, como he escuchado repetidamente por parte de mestizos con alma de muy castizos criollos.