El Plan B y sus consecuencias, 2
La contrarreforma electoral que impulsa el ejecutivo federal y la mayoría legislativa en ambas cámaras contiene un gran número de disposiciones que contradicen a la Constitución de la República. Como muestra, en el ámbito de la afectación de los derechos laborales de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se contradice lo mandatado en el artículo 41, Base V, apartado A, donde ordena que los órganos ejecutivos y técnicos del INE “contarán con personal técnico capacitado necesario”. Esto se convertirá en letra muerta si se aplican las tijeras sobre el personal profesional, que sin duda alguna controvertirá su despido mediante los recursos legales a los que tienen derecho.
La dimensión del recorte de personal es enorme: de las 2,571 plazas que conforman actualmente el SPEN, se pretende conservar sólo a 396, un 15.4%, la séptima parte. Hoy día, los aspirantes a integrarse al SPEN deben participar en concursos abiertos con regularidad, y mantener una capacitación constante que es evaluada mediante exámenes objetivos. La reforma pretende sustituirlos por personal eventual que muy probablemente será reclutado con premura e improvisación. O bien, como sucedía cuando existían las comisiones electorales federal y locales, se “comisionaba” a empleados públicos, como los profesores de la SEP, para cumplir temporalmente las tareas electorales. Los que estuvimos cercanos a esas comisiones electorales recordamos cómo se integraban los profesionales del trampeo electoral, los denominados “mapaches”, a las filas de los funcionarios electorales.
Otro pequeño problema: los despedidos deben ser liquidados conforme a la ley. Miles de trabajadores deberán recibir una compensación de tres meses de su sueldo, y adicionalmente 20 días por cada año de servicio. La gran mayoría de los miembros del SPEN acumula muchos años de antigüedad laboral. ¿Cuánto nos costará la austeridad republicana?
La reforma federal pretende afectar la organización interna de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLE). Pero hay un pequeño detalle: todavía somos una república federal, y esos órganos son definidos por las constituciones y leyes locales. Cada OPLE tiene una estructura particular que le permite atender problemáticas locales; es el caso de las elecciones por sistemas normativos internos, mejor conocidos como de “usos y costumbres”. O bien el voto de los paisanos desde el extranjero, que no es contemplado en todas las legislaciones locales. De nuevo el centralismo político, que pretende homologar las instituciones de un país tan diverso como el nuestro.
La contrarreforma busca recortar peligrosamente los tiempos electorales, en particular los periodos para el reclutamiento, la capacitación y la integración de los ciudadanos para las mesas de casilla, así como los representantes partidistas. También se pretende eliminar los métodos para contar con resultados preliminares; se quiere que los consejos distritales inicien el cómputo la misma noche de los comicios, lo que es un absurdo completo: el personal estará agotado y el error humano se disparará inevitablemente. Pero claro, habrá más argumentos para anular los resultados que no sean favorables para la hegemonía partidista.
Por otra parte, se mantiene el obsoleto Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que distrae recursos humanos y materiales durante las siguientes 24 horas del cierre de las casillas. En contraparte, los conteos rápidos han demostrado mayor eficiencia y economía. Pero no se dice nada de ellos.
En el colmo del absurdo, se busca asignarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un órgano de gobierno, la emisión desde el extranjero de las credenciales para votar, y que las matrículas consulares sean válidas para la emisión del voto. Además, el desarrollo del voto electrónico se deja en manos del Conacyt. Adiós a la autonomía del INE, y bienvenido el retorno de la intervención del gobierno en las elecciones.
Continuaré analizando las consecuencias del Plan B la próxima semana…