Por Alfonso Ochoa
A pesar de la guerra de narcos en Sinaloa; Guanajuato es más violento
Contra lo que se pudiera creer en el estado de Guanajuato la violencia es mayor que en Sinaloa, en la que hay una guerra entre facciones del cartel de Sinaloa, la que se desató después del secuestro del Mayo Zambada.
En el estado de Guanajuato en el pasado mes de noviembre hubo una disminución muy importante del número de asesinatos en relación al pasado mes de octubre; en octubre el registro oficial fue de 307 asesinatos, en noviembre el número de homicidios dolosos fue de 255, esto es 52 homicidios menos, un número muy significativo pues la disminución fue de aproximadamente el 17 por ciento de asesinatos.
Sin embargo, el estado de Guanajuato sigue siendo en los números, al menos en asesinatos dolosos, mucho más violento que el estado de Sinaloa, estado en el que en el pasado mes de noviembre se registraron 169 homicidios, 86 homicidios menos que en el estado de Guanajuato.
Es cierto que, en el estado de Sinaloa a raíz del secuestro del Mayo Zambada, el día 13 del mes de septiembre pasado, se disparó el número de asesinatos, por la guerra entre las facciones del mentado Mayo y los hijos del Chapo Guzmán. En el mes de septiembre pasado en Sinaloa se cometieron 144 asesinatos, cuando en el mes de agosto fue de 81 homicidios, un número muy inferior.
En Sinaloa como se ha señalado, el aumento de la violencia, de asesinatos, levantones, etc., se explica por la guerra entre las facciones del Mayo Zambada y de los Chapitos. Y en Guanajuato, ¿porque se tiene años de violencia terrible?, se supone que es por el pleito entre las bandas del Cartel Jalisco Nueva Generación y del cartel Santa Rosa de Lima, además de que Guanajuato es un estado estratégico para el tráfico de drogas y por el mal funcionamiento de instituciones de gobierno, eso se señala en un reportaje publicado en El Economista el pasado mes de octubre.
El estado de Guanajuato no se tiene meses sino años de sufrir de la violencia, lo que es tan común, que ya para muchos no es noticia; la violencia que caracteriza al estado en mucho se debe al criminal descuido del gobierno estatal que encabezó Diego Rodríguez Vallejo y al anterior, el del ahora senador Miguel Márquez Márquez, un señalamiento que igual se ha hecho hasta el cansancio, lo que dicen no solo analistas, sino que presume gran parte de la población, lo da por un hecho.
Si para este mes de diciembre se logra nuevamente disminuir en un porcentaje importante el número de ejecuciones, de homicidios dolosos, sería un signo importante de que las cosas pueden cambiar. Sin embargo, la gente es muy descreída, en lo que no ayuda hechos como la masacre del último día de noviembre, el asesinato de ocho personas en Apaseo El Grande, masacre que dio pie al polémico comentario del alcalde de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien declaró a la prensa: “dicen que iban a matar a uno y mataron a ocho, es algo muy malo, creo que deberían de cuidar las formas”.
Los anexos un tema muy espinoso que el estado no ha atendido
El problema de los anexos, de los centros de atención a drogadictos, la mayoría de estos irregulares, que operan en el estado de Guanajuato es un problema que ilustra la desatención que ha tenido el gobierno del estado en ese asunto; este problema es cierto que es extensivo a otros estados de la república, por lo que la federación igual tendría responsabilidad en el problema, pues es un reflejo de la política errónea en el combate a la drogadicción.
Recientemente la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que en este país no se tiene el problema del consumo de drogas sintéticas como sucede en los EUA, con el fentanilo, lo que es cierto solo en parte. En México hay un problema muy grave de drogadicción, problema que ha estado creciendo, principalmente por el consumo de la droga conocida como cristal, esta una metanfetamina.
El crecimiento del problema de la drogadicción se refleja a su vez en los llamados anexos, los centros de atención a drogadictos, los que frecuentemente son blanco de ataque de los grupos de la delincuencia organizada. El tema ganó notoriedad en el ya lejano mes de julio de 2020, cuando sicarios ingresaron a un anexo ubicado en Irapuato, denominado Recuperando Mi Vida, y asesinaron a 26 personas.
A raíz de la masacre ocurrida en el anexo Recuperando Mi Vida, trascendió que cientos de anexos funcionan en el estado de manera irregular, y se dijo que esos negocios son blanco del crimen organizado, porque llegan a albergar a gente que pretende dejar de servir a los traficantes de droga, incluso se ha manejado la hipótesis que algunos de los anexos en realidad son casas de seguridad de los grupos de la delincuencia organizada.
En una nota de un periódico local, de marzo del 2023, se señala que la Secretaría de Salud del estado, reconocía que solo había ocho anexos que funcionaban de manera regular, de un total de 286, se han manejado notas en diferentes medios señalando que los anexos son más de 500.
El pasado jueves, cinco de diciembre, un grupo de representantes de anexos de diferentes municipios del estado, se presentaron al Congreso del Estado, para exigir que se les regule y que se les brinde seguridad. Lo patético fue que al momento que se manifestaban, en un anexo de Irapuato se secuestraron a dos personas, como medida de presión para que deje de operar el anexo y le bajen a sus protestas y exigencias.
Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, afirma que las autoridades no atienden sus demandas, y que en el caso específico del anexo de Irapuato en el que se secuestró a dos internos, se informó al instante a las autoridades de dicho municipio y no se hizo nada.
Como se señaló el problema de los anexos no es privativo del estado de Guanajuato. Desde 2009 se dieron masacres en contra de internos de anexos, como fue en Ciudad Juárez, cuando hubo dos masacres, una el día tres de septiembre del año citado, asesinando a diez personas y otra el día 15 del mismo mes, al ser fusilados 18 jóvenes internos del albergue El Aliviane. En ese tiempo, en el 2009, el estado de Guanajuato estaba aún lejos de tener el grave problema de narcomenudeo y consumo de drogas que hoy padece.
El escándalo de la Plaza de Toros Santa Fe; la absurda ignorancia de la autoridad municipal
Un tema ligado a la inseguridad que se padece en el estado, problema que mucho se debe al tráfico de drogas, al narcomenudeo, es el asunto de la Plaza de Toros Santa Fe, la que fue asegurada por la Fiscalía General de la República al atender una denuncia anónima, a través de la que se informó que la plaza de toros se usaba como un punto de venta de drogas.
La denuncia resultó cierta. El pasado día tres, personal de la FGR, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, se presentaron a la plaza, deteniendo a una mujer, la que estaba en el interior de la plaza, a la que se le encontró una bolsa con droga, y 68 teléfonos y 18 tabletas celulares.
Por lo anterior se colocaron sellos en los diferentes accesos de la plaza, bien inmueble que podría aplicársele la extinción de dominio, como sucede con bienes propiedad de narcotraficantes. El caso es que la plaza de toros es propiedad de la poderosa familia Bailleres, la que le habría llegado a prestar el deteriorado inmueble al ahora ex alcalde Alejandro Navarro, quien en ese espacio dio su último informe de gobierno.
La alcaldesa Samantha Smith en entrevista banquetera, dijo que ella no sabía que en la plaza de toros vendían droga, lo que sin duda es cierto; quien tendría que saber, son elementos de la policía preventiva, la que se presume es la más eficiente del estado, pues incluso hasta con una célula de investigación cuenta.
El hecho es que, en el asunto de la plaza de toros, hay mucho “sospechosismo”, este un término que el diccionario libre, señala que aplica cuando: “hay tendencia de la sociedad a la desconfianza generalizada, sobre todo de personajes políticos y públicos”.
Se presume que el ex alcalde Alejandro Navarro, pretendía hacer de la plaza de toros, un centro de espectáculos, negocio que podría truncarse. El también ex alcalde Eduardo Knapp, propone que la plaza de toros se le regrese en propiedad al gobierno municipal, lo que podría ser una salida para que no se trunque la idea de que el espacio se use como un centro de espectáculos.
Siguen operando contratistas en la industria minera; a revisión por accidente en mina de Guerrero
El accidente en la mina Media Luna, ubicada en el estado de Guerrero, en donde fallecieron tres mineros al inhalar gases tóxicos, revela que sigue sin aplicarse la ley que impediría que los trabajos se hagan a través de las llamadas outsourcings, esto es contratistas, pues de esa manera se evaden responsabilidades.
Recientemente estuvo en Guanajuato capital el líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, en un foro nacional de minería, ocasión en la que señaló como el logro más importante que se hizo durante su labor como senador, fue la reforma a la ley general del trabajo, la que impide precisamente la subcontratación, pues con ello las empresas evaden responsabilidades, un problema que continúa dándose en la industria minera, sobre todo a través de empresas mineras de capital extranjero, como son las canadienses.
Gómez Urrutia reconoció que ese problema se sigue dando, por lo que invitó a los mineros que denuncien las violaciones a la ley, problema que evidentemente no sucede en las minas que tiene presencia el sindicato minero, cuyas siglas son: SNMMSYSRM; por lo mismo las mineras buscan que los obreros que contratan no estén sindicalizados o lo sean parte de sindicatos blancos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó que se investigue como están trabajando las mineras, especialmente las canadienses, como es el caso de la empresa que explota la mina Median Luna, la mina en la que sucedió el accidente, ésta la empresa Torex Gold, precisamente de capital canadiense.
En Guanajuato hay cientos de mineros que trabajan para contratistas, como es el caso de la empresa La Cantera, la que le hace el trabajo sucio a mineras canadienses, trabajando en minas de al menos seis estados de la república.
Trabajar para las mineras canadienses a través de empresas extranjeras es terrible, los turnos son de 12 horas, por seis días de trabajo con uno de descanso, con contratos de seis ocho semanas. Si protestas obviamente que ya no te contratan, y además te boletinan para que no te contrate otra empresa, por ello urge que se revise como están trabajando las mineras, especialmente las canadienses, las que explotan cerca de 300 minas de la república mexicana.
En el caso del municipio de Guanajuato dos mineras canadienses explotan las viejas minas que datan de la época de la colonia; recientemente hubo un accidente en el que falleció un minero, esto en la mina Rampa San Ignacio, mina que trabaja la empresa canadiense Guanajuato Silver.
Como ya se apuntó urge que el gobierno federal revise como están trabajando las mineras, que se verifique realmente que no violan la ley general del trabajo.
La flaca memoria del gobierno municipal en el tema de la protección al medio ambiente
En el tema del proceso para contar con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, pareciera que no sucede nada, que el proyecto que promueve el gobierno municipal podría ser aprobado en fecha próxima, a pesar de los señalamientos de que está diseñado más para proteger los intereses de particulares que el medio ambiente y a la ciudad y las comunidades rurales.
Es cierto que la alcaldesa Samantha Smith dijo en entrevista a medios locales que atenderá a los integrantes del Consejo Ecologista Guanajuatense, los que formalmente le pidieron una reunión para platicar del tema de la protección de la Bufa y los Picachos, pero no les dijo cuándo, por lo que se podrían quedar como el de la canción de Negrita de Mis Pesares, por aquello de a todos diles que sí, pero no les digas cuando, así me dijiste a mí, por eso vivo penando.
El asunto es que, si Samantha platica con los integrantes del CEG, no será fácil que responda a sus cuestionamientos, pues, aunque la alcaldesa parece que se le olvidó aquello de la necesidad de proteger el medio ambiente, y de las consecuencias que podrían darse si no se protege el entorno natural, lucha en la que ella fue militante, a los ecologistas no.
Por ello la estrategia del gobierno municipal sería que no se hagan olas, llevarse el asunto sin aspavientos, sin que haya protestas, para que cuando el común de los ciudadanos se dé cuenta que se daña a la ciudad y al medio ambiente no pueda darse marcha atrás, se cuente por fin con el PMDUOET aprobado.