*Dan sus opiniones participantes en mesa de trabajo
Otorgar certeza jurídica a las empresas. Foto: Cortesía
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso Local, Erandi Bermúdez afirmó que se deberá hacer una “cirugía mayor” a la iniciativa de reforma a Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato.
Lo anterior se desprende luego de que en la mesa de trabajo realizada de manera presencial en el Palacio Legislativo, fueron escuchadas diversas opiniones con el objetivo de enriquecer la propuesta planteada por la bancada priísta y se observó que hay varios temas que se deben analizar a fondo.
De acuerdo a las opiniones, se desprende que es indispensable que se trabaje más a fondo el documento para hacer las adecuaciones pertinentes para que se tenga un mejor producto legislativo.
Convocada por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se llevó a cabo la mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato para establecer las causas de revocación de la autorización de quienes presten servicios de seguridad privada, a fin de otorgar certeza jurídica a las personas físicas o morales que prestan el citado servicio.
Gustavo Bravo, asesor del grupo parlamentario iniciante, comentó que se busca incorporar las causas para revocar la autorización, entre ellas en los casos en que se le haya impuesto más de una suspensión de actividades; incorporar personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza por la autoridad competente; se acredite que, para la obtención de la autorización, en el trámite y en las revisiones otorgue a la autoridad documentación o información falsa; negativa a la práctica de la revisión debidamente notificada; se utilicen los vehículos, personal y demás recursos materiales con insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de delito.
De igual manera, cuando se localicen en inspecciones o aseguren por las autoridades armas no autorizadas, registradas o de uso exclusivo del ejército al personal de la institución de seguridad privada; se utilicen recursos de procedencia ilícita para el funcionamiento de la función auxiliar de seguridad privada; y el personal utilizado para la prestación del servicio, participe en la desaparición forzada de personas.
José Erandi Bermúdez Méndez solicitó que se enviaran las propuestas y comentarios vertidos, los cuales se analizarán para revisar los aspectos que se puedan atender.