*Navarro calla ante críticas de la regidora
El alcalde Alejandro Navarro calló ante las críticas que hizo la regidora Paloma Robles Lacayo, por el nombramiento que hizo para que Jorge Valencia Gallo, sea el director general de servicios jurídicos del municipio, aunque pesa sobre él una sentencia por sobornos y aún está a la espera que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, (TJAEG), establezca el castigo por diez años de inhabilitación para ejercer algún cargo público.
Acusado por el delito de cohecho, este ex funcionario estatal que fungió como Director de Transporte, solicitó dinero para otorgar permisos de taxis ejecutivos y se le comprobó la acusación, por lo que fue vinculado a proceso penal.
Presuntamente solicitó dos millones 100 mil pesos para entregar los permisos para que los concesionarios pudieran dar el servicio de taxis ejecutivos.
De hecho, el pasado ocho de mayo del presente año fue declarado culpable por haber recibido dicha cantidad de dinero, a cambio de permitir que ocho taxis pudieran dar el servicio.
Valencia Gallo, señalado por cometer este acto de corrupción, es un panista de la ciudad de Guanajuato, que está vinculado con el grupo político que es encabezado por Gerardo Trujillo Flores, quien es actualmente secretario de Desarrollo Social y Humano, (SEDESHU).
Fue desde el 2021 cuando salió a relucir este acto de corrupción y por lo tanto se realizaron las investigaciones pertinentes.
De acuerdo al historial, fue un año antes, en el primer trimestre cuando fueron presentadas las primeras denuncias en contra de dicho funcionario, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Este caso también llegó a la Fiscalía Anticorrupción, pero de igual forma al TJAEG, donde se le dieron largas al asunto.
Durante la sesión del Ayuntamiento celebrada ayer, la regidora recordó que Valencia Gallo “fue director de Transporte del Estado, de abril de 2019 a abril de 2020 y durante ese tiempo solicitó y recibió dos millones 100 mil pesos en cinco ocasiones del dirigente de una agrupación de taxista de San Miguel de Allende con el fin de que les otorgara permisos y concesiones que le permitieran la circulación de ocho taxis ejecutivos y verdes en aquél municipio”.
Dijo que los documentos no les fueron otorgados pero los taxis dieron el servicio de manera ilegal, por la falta de esos papeles, lo hicieron durante el período en el cual Valencia Gallo fue director”.
Por ese hecho, dijo Robles Lacayo, “el 14 de mayo pasado el Juez Jorge Luis Ramírez León le impuso una sentencia de cuatro años y seis meses en prisión por cohecho, además determinó la reparación del daño por dos mil 534 pesos”.
Agregó “dentro de la misma sentencia se le inhabilitó por diez años para ocupar cualquier cargo comisión públicos y fue suspendido de sus derechos políticos, sin embargo, el cuatro de junio la defensa de Valencia Gallo apeló la sentencia ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato”.
Paloma Robles manifestó “mientras la sentencia no está firme, o sea, ratificada por el Tribunal, no se puede aplicar”.
De igual forma, la representante popular dijo “Valencia Gallo también ha sido representante del PAN ante el Consejo Municipal de Guanajuato, incluso fue encargado de comparecer en la audiencia del 22 de junio a favor de Samantha Smith, Alejandro Navarro Saldaña y Daniel Gutiérrez Meave, Director de Desarrollo Turístico y Económico”.
Finalmente, Robles Lacayo puntualizó “pongo en tela de juicio que la persona elegida para ocupar la titularidad de la Dirección General de Servicios Jurídicos tenga la posibilidad por sus antecedentes de aplicar los principios rectores que deben regular el servicio público, según la propia Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas”.