*En la mira ex asesor de la Jefatura de Gabinete, José Luis Guerrero Méndez
*Posible conflicto de interés que debe observar la ASEG
Legislador guanajuatense pide la auditoría a ASEG.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, (ASEG), deberá practicar una auditoría financiera al Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato por otorgar presuntos contratos millonarios en períodos cortos y más aún, las adjudicaciones fueron directas y empezaron en 2021.
El Legislador local, Carlos Abraham Ramos Sotomayor se refirió a que el pasado mes de agosto de 2024 se oficializó la baja de José Luis Guerrero Méndez, quien se desempeñó como asesor de la Jefatura de Gabinete de la anterior administración que encabezó el panista Diego Rodríguez y quien fue señalado por presuntas irregularidades.
El punto de acuerdo presentado por el diputado tiene la finalidad de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Juan Víctor Fonseca López, para que, en uso de sus atribuciones, realice una auditoría financiera y de desempeño al Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato.
Dijo que se debe abarcar los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, donde también se incluya la totalidad de los contratos, convenios y demás actos que el Instituto haya celebrado con las empresas RM Servicios Integrales y Comercializadora PTCV S.A de C.V.; así como de las tres ediciones del Congreso Iberoamericano de Juventudes realizado en dichos ejercicios fiscales.
Señaló que es alarmante dicha situación y agregó que cuando se le cuestionó a Antonio Navarro si no era un derroche gastar tanto dinero en un evento como el Congreso Iberoamericano de Juventudes, el extitular del Instituto minimizó la pregunta, señalando que los 30 millones de pesos no representaban ni el 6% del presupuesto total que ejerció el Instituto en 2023.
Asimismo, agregó que, la concentración de contratos, tanto en cantidad como en valor, en un solo organismo bajo la dirección de citado funcionario, inmediatamente levanta sospechas sobre posibles conflictos de interés y favoritismos en la administración pública, especialmente considerando la relación familiar de la beneficiaria con el asesor de la Jefatura de Gabinete, José Luis Guerrero Méndez así como la rapidez con la que se otorgaron y que fueran adjudicaciones directas, agrava la preocupación.
“Estos inusuales y sospechosos movimientos sugieren un acuerdo político-económico para favorecer a las empresas de la esposa del asesor gubernamental, utilizando a JuventudEs como vehículo principal para la transferencia de recursos públicos”, subrayó el diputado.
Finalmente, Ramos Sotomayor expresó la que la idoneidad y procedencia respecto de las auditorías que se solicitan en el acuerdo, provienen no solo de la magnitud de las omisiones e irregularidades expuestas, sino que, además, las mismas, constituyen el único medio por el cual se puede cerciorar de dichos actos y ejercer las facultades de fiscalizar los recursos públicos.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.