*Solo un camión nuevo adquirió un empresario en Guanajuato, y no han cumplido compromisos: Ruth Tiscareño
Solo un camión nuevo se adquirió por empresarios: Ruth Tiscareño. Foto: J. M. Álvarez
El ayuntamiento capitalino debe trabajar en la regularización de las concesiones y permisos del transporte público pues todo indica que el municipio está rebasado en su capacidad para tener el control y debe darse seguridad a los usuarios de este servicio, consideró la diputada local Ruth Tiscareño Agoitia.
Tal como consta en una de las últimas declaraciones públicas del otrora presidente municipal, Alejandro Navarro, todas las concesiones y permisos del transporte público de la capital están vencidos, lo que, genera incertidumbre jurídica a los prestadores del servicio público, pues entre las múltiples obligaciones que tiene el Ayuntamiento, es otorgar certeza jurídica a los particulares que, a través del permiso o concesión ejercitan la prestación pública”, puntualizó la priísta.
La propuesta planteada hoy jueves en la sesión ordinaria del Congreso Local, fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales para someterla a análisis y posterior elaboración del dictamen respectivo.
La diputada manifestó que es importante mencionar que, conforme al Reglamento de Transporte Público del Municipio de Guanajuato, el plazo de vigencia de las concesiones es de quince años y a la fecha todas se encuentren vencidas.
Por ello consideró que, es innegable que, los Ayuntamientos anteriores no han realizado un trabajo que permita la renovación, por lo que dicha situación no tiene por qué esperar un día, un mes, un año o una administración más, y es importante el llamado que debe enviarse desde el Congreso.
De igual forma, Tiscareño Agoitia refirió que a finales de la pasada administración municipal 2021-2024, los ediles aprobaron el incremento de la tarifa del costo del pasaje, en términos generales por tres pesos, con la “condición” o “promesa” de que los concesionarios renovarían las unidades en las que prestan el servicio, sin embargo, a fecha del día de hoy, solo se ha hecho la renovación de una unidad.
“Pareciere entonces que esta falta de certeza jurídica en la regulación de las concesiones y permisos de transporte público es una de las principales causas de los múltiples accidentes que se han venido dando en la ciudad capital del Estado”.
El llamado que proponen los priístas al Ayuntamiento de Guanajuato, que encabeza la panista Samantha Smith es para que tome cartas en el asunto y observe el mandato constitucional y las atribuciones que las Leyes respectivas le asignan en materia de la prestación del servicio público de transporte urbano y suburbano en ruta fija.
Lo anterior para que, de manera inmediata se avoquen a la “regularización” de las concesiones y permisos que han sido otorgados a los particulares que prestan dicho servicio público, porque requiere la atención prioritaria del tema.
Aunque en un principio Ruth Tiscareño tenía planeado que el exhorto fuera de urgente y obvia resolución, esta fue retirada y se va a la comisión de Asuntos Municipales para su análisis y posterior elaboración del dictamen.
Eso sí, la legisladora no dejó de reconocer que la mayoría de las unidades del transporte público urbano y suburbano en ruta fija del municipio de Guanajuato se encuentran en un estado de pésimas condiciones que, de no cambiar, generarán más accidentes en la capital.
La propuesta es para enviar un exhorto al ayuntamiento de Guanajuato para que en ejercicio de sus funciones y atribuciones lleve a cabo la regularización de las concesiones y permisos del servicio público de transporte urbano y suburbano en ruta fija que se encuentran vencidas en el municipio.
Ello para que se otorgue un servicio público de transporte que observe las condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
A partir del primero de octubre se cobra 10 pesos el pasaje general en esta ciudad de Guanajuato. La tarifa preferente para adultos mayores, estudiantes y menores de edad es de cinco pesos.
En julio se incrementó dos pesos y el primero de octubre aumentó otro peso, para que en suma fueran tres pesos el incremento que autorizó el anterior ayuntamiento local, por lo que el alza fue del 40 por ciento, ante el enojo y descontento generalizado de los usuarios, afectando principalmente a los habitantes de las comunidades rurales.
Los concesionarios se comprometieron en renovar cinco unidades nuevas para cubrir distintas rutas, sin embargo, hasta la fecha solamente una fue adquirida, por lo que los dueños del transporte incumplieron con su compromiso.