Reforma hostil
Esta semana comenzó la embestida oficialista en contra de las instituciones electorales del país: el INE, los tribunales y los órganos locales. A pesar de las movilizaciones y las múltiples muestras de rechazo por parte de la sociedad civil independiente, el partido hegemónico insiste en echar adelante la iniciativa de reformas, tal cual la recibió de la oficina de la presidencia de la república. No se parte de una actitud abierta a la negociación política con las oposiciones, sino de la soberbia de quien se cree intérprete único de las mayorías.
Con ganas de convenir y construir acuerdos, estoy seguro de que la oposición cedería en temas como la reducción del financiamiento público a los partidos —pero no su eliminación—, el ajuste en el número de consejeros y magistrados, la desaparición de los senadores plurinominales, la reducción en el número de diputados —pero conservando el modelo mixto en la cámara de diputados—, la reducción del umbral de participación en la revocación de mandato para hacerla vinculante, y por supuesto en la concreción del voto electrónico —que no por internet.
Pero no concibo que la oposición ceda en temas como el de la centralización de la administración y de la justicia electorales —lo que contradice nuestro orden federal—; tampoco en el modelo de selección de los consejeros electorales mediante el voto popular sobre 60 candidatos propuestos por los poderes; la intromisión en la integración de los ayuntamientos, hoy materia estatal, y la eliminación del financiamiento público a los partidos para ser sustituido por las cuotas de los militantes —clara invitación al dinero sucio criminal.
Es una reforma que no busca resolver los problemas de operación de un esquema actual que se ha complejizado mucho a partir de reformas previas que sobrecargaron a las instituciones electorales con nuevas funciones y exigencias, nacidas de la desconfianza.
Se dice que se busca racionalizar el gasto electoral, pero se plantean medidas superficiales y cosméticas, como la reducción de salarios y de gastos ordinarios.
Si realmente se procurara esa racionalización se aplicarían medidas de austeridad reales, como el voto electrónico y por adelantado, para bajar el número de casillas seccionales y su sustitución por centros de votación zonales. Las casillas se limitarían a las secciones rurales y de atención especial.
Los ahorros serían sustantivos si en lugar de capacitar a más de un millón de ciudadanos para atender más de 150 mil casillas, se redujeran sus números a una quinta parte. Se concentraría la emisión del voto en centros de votación urbanos con urnas electrónicas. Menos recursos humanos y materiales, y simplificación de los procesos. Esta y muchas otras ideas deberían analizarse con seriedad para una reforma constructiva.