*Ernesto Prieto considera que se violó la veda electoral
*El punto de acuerdo no fue aprobado en la sesión ordinaria del Congreso
*Salen diputados panistas a defender a Libia García
El diputado Ernesto Prieto Gallardo, presentó una propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que investiguen el origen, fondeo y dispersión de recursos a través de las tarjetas del programa Mujeres Grandeza, identificadas como Tarjeta Rosa, durante este primer semestre de este 2024.
El exhorto no fue aprobado porque hubo 24 votos en contra por solo 10 a favor y fue archivado.
Lo anterior ante la posibilidad de que pudiera haber incurrido en la comisión de posibles delitos electorales, externó el legislador de Morena.
En la exposición de motivos, el legislador dijo en la Tribuna durante la sesión ordinaria del Congreso Local que el pasado 3 de junio se difundió parte de una entrevista hecha por diversos medios de comunicación, a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
En la misma se escucha al Gobernador señalar como factor de los resultados electorales, a los programas sociales, distinguiendo en su opinión los que se dan en lo federal y los estatales.
Señala el Ejecutivo Estatal, que considera que el voto diferenciado que hubo, respecto al triunfo en lo federal para la coalición Sigamos Haciendo Historia, y la coalición estatal encabezada por Libia Denisse García, fue por la entrega de los apoyos sociales.
Sin embargo, hizo referencia que el reparto masivo de las llamadas Tarjetas Rosas por parte del gobierno del estado, “es un claro incumplimiento del requisito legal de que las beneficiarias habiten en Zonas de Atención Prioritaria, lo que desde hace meses ha sido señalado y denunciado como una clara muestra del uso de los recursos públicos, para beneficiar desde el gobierno del estado a su candidata”.
Ernesto Prieto dijo que, durante el periodo de campaña, hubo una entrega masiva e indiscriminada de esta “Tarjeta Rosa”, en las instalaciones de los llamados Centros Contigo Sí (antes conocidos como Centros Impulso), en oficinas municipales y hasta en domicilios particulares.
En estos lugares se vieron filas de cientos o miles de mujeres que ahí se citaban para inscribirlas, en clara contravención de la finalidad de beneficiar a quienes verdaderamente viven con mayor vulnerabilidad y en situación de pobreza, además de violar la veda electoral e incidir, de manera determinante, en el resultado final de la elección de gobernadora.
Las filas de beneficiarias se concentraron en los bancos, para retirar los 9 mil pesos que fueron depositados en esas tarjetas, evidenciando otra inconsistencia más, porque no existía justificación para entregar nueve mensualidades, cuando apenas transcurrían el mes cuarto y quinto del año, puntualizó.
“El mandatario, como máxima autoridad de la administración pública estatal, entre cuyas dependencias está la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), en la cual se configuró, diseñó y ejecutó un programa a modo para uso electoral para beneficiar a sus candidatos y candidatas, pero especialmente, para conservar a punta de tarjetazos el gobierno del estado, es el responsable de esta indebida interferencia en el proceso electoral, para proteger y cumplir con inconfesables pactos de impunidad que es evidente deben existir entre funcionarios y el crimen organizado, porque no se puede entender ni explicar de otro modo, la resistencia de más de una década del Fiscal General del Estado, a investigar las desapariciones de ciudadanos guanajuatenses y las fosas clandestinas que existen por todo Guanajuato”, precisó.
Por ello es necesario exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que investiguen el origen, fondeo y dispersión de recursos de la llamada “Tarjeta Rosa”, terminó el legislador local.
La propuesta fue planteada para que se aprobada de obvia resolución, y antes de ser sometida a votación habló a favor de la misma, la diputada Rafaela Fuentes Rivas.
Fueron mil 500 millones de pesos los que destinaron este año por parte del gobierno del estado para implementarse en este programa, que la legisladora calificó como “clientelar”.
Por ello, exigió que se investigue a fondo esta situación. La obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos, al registrarse 34 votos a favor.