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*Cuando sea agravado el delito se impondrá de 3 a 12 años de cárcel
Mujeres, niñas y adolescentes sufren violencia familiar.
Con la aprobación a las reformas al Código Penal del estado de Guanajuato se endurecen el castigo por el delito de violencia familiar y se eleva la pena de prisión al pasar de 1 a 6 años a 1 a 9 años de prisión y de veinte a noventa días de multa. Además, se precisa que cuando el responsable del delito de violencia familiar agravado se le impondrá de 3 a 12 años de prisión y de treinta a ciento veinte días multa, y se perseguirá por oficio. Además, se deroga el artículo 221 b.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de todas las Bancadas y Representaciones Parlamentaria del Congreso de Guanajuato.
La diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que la violencia familiar constituye una de las principales manifestaciones de violencia estructural y de género no solo en el país y en el estado de Guanajuato, sino a nivel internacional.
No se puede mirar hacia otro lado, pues quienes viven esa realidad, que no se limita solo al daño físico, sino también se manifiesta con agresiones psicológicas, sexuales, económicas, que generan consecuencias muy graves a largo plazo en la salud mental y el bienestar de las víctimas, puntualizó.
Afirmó que con la reforma se incrementan las penas para el tipo básico del delito de violencia familiar y la incorporación de la multa como sanción, así como supuestos agravados.
Aceptó que, a pesar de los esfuerzos legislativos, no se ha garantizado una sanción efectiva para el agresor, pues al tratarse de un delito que es sancionado con penas que permiten la suspensión condicional del proceso no ha sido suficiente para disuadir al agresor.
La propuesta resulta acorde a la realidad social y no solo refleja la sensibilidad ante una realidad profundamente dolorosa, sino la congruencia entre el discurso y la acción.
A su vez, Martha Edith Moreno Valencia externó que se atiende una realidad que, aunque a menudo ocurre a puertas cerradas, sacude los cimientos más profundos de la comunidad: la familia. Argumentó que la norma jurídica no es un instrumento estático, debe evolucionar para mantenerse acorde a la realidad que pretende regular y la realidad actual golpea con cifras alarmantes, dijo.
Compartió que entre 2016 y 2024 las carpetas de investigación por violencia familiar en el estado se incrementaron con un 43.33% y más doloroso aún es observar que en 2024 más de 3 mil de estas víctimas eran menores de 18 años.
Enfatizó que Guanajuato se sitúa en el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia de ese delito, por lo que ante ese panorama el silencio no es una opción, y el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar vivir en un entorno libre de violencia.
Añadió que la reforma busca establecer una política de cero tolerancia, al proponer un incremento de las penas llevándolas de un máximo de 6 a 9 años en el tipo básico y hasta 12 años en supuestos agravados.
Moreno Valencia resaltó que se busca enviar un mensaje claro: la impunidad no tiene lugar en el hogar, ya no basta con sanciones que permitan salidas alternas fáciles para el agresor, se necesitan sanciones efectivas y ejemplares que actúen como un verdadero disuasivo. Además, remarcó que se elimina la violencia física como requisito exclusivo para la persecución oficiosa del delito.
Por su parte, la congresista María Eugenia García Oliveros manifestó que, a pesar de la elevada incidencia de ese delito, la norma penal actualmente no garantiza sanciones efectivas, pues las penas que se contemplan permiten la suspensión condicional del proceso, poniendo en peligro a las víctimas que en la mayoría de los casos son mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Entre tanto, el legislador Rolando Fortino Alcántar Rojas apuntó que la violencia ejercida en el ámbito familiar no puede entenderse como un desacuerdo doméstico ni como una controversia íntima, ajena al interés público, ya que se compromete la vida y la integridad física y psicológica, que constituyen supuestos indispensables para el ejercicio de cualquier otro derecho.
“Si reconocemos que la violencia familiar no es un asunto privado, sino una lesión directa a derechos fundamentales, entonces la respuesta del Estado no puede ser declarativa; debe ser jurídicamente consistente, proporcional y orientada a la protección efectiva de las víctimas”, enfatizó.
