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Municipios capturados
Luis Miguel Rionda
Nuestro país está atravesando por una evidente crisis de gobernabilidad en los ámbitos subnacionales (estados y municipios). Pero sobre todo en este último ámbito. Los hechos recientes en el pueblo mágico de Tequila, Jalisco, confirman lo que mucho se ha afirmado tanto en los medios de comunicación como por organizaciones civiles y gobiernos extranjeros: que los grupos narco criminales controlan entre un tercio y la mitad de los municipios del país. Esto se sabe gracias al hackeo de documentos de la Sedena que perpetró el grupo Guacamaya en 2023, y que mapeó El Universal (https://t.ly/i6F5Q).
México tiene 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según una encuesta mundial de percepción de inseguridad difundida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (https://t.ly/MgIfj). Destacan en el sexto lugar Culiacán, Sinaloa, y en el noveno Ciudad Obregón, Sonora. Pero también se cuentan las guanajuatenses Irapuato (16º lugar), Celaya (20º) y León (50º) (https://t.ly/f1FwK).
Los gobiernos municipales proveen los servicios públicos más básicos que demanda la convivencia ciudadana: la seguridad pública inmediata, la atención a las vialidades, el control del desarrollo urbano, la protección civil de primer nivel, el alumbrado callejero, el agua domiciliaria, la salubridad, las reglas básicas de convivencia cotidiana, etcétera. También son la primera ventanilla para el cobro de impuestos sobre posesión y traspaso de bienes inmuebles, sobre espectáculos, sobre el comercio ambulante, multas varias, así como derechos sobre el servicio de agua, alumbrado, recolección de basura, licencias, panteones, rastros, mercados, servicios de emergencia, etcétera.
Lo anterior hace muy atractivo para el crimen organizado tender sus controles sobre los gobiernos locales, que tienen autonomía legal, pero en su mayoría padecen enanismo administrativo, carencias presupuestales endémicas, camarillas de poder ambiciosas, dinastías familiares, partidos políticos franquiciados, y muchos intereses individuales que se imponen sobre los colectivos. A esto se suma que no existen mecanismos de vigilancia ciudadana, medios de comunicación críticos, voto de castigo o consecuencias sociales o legales para escarmentar a los gobernantes corruptos. Bocatto di cardinale para los mafiosos, los corruptos y los violentos.
Éstos comienzan financiando campañas locales, a cambio de compromisos predefinidos, como la capacidad de designar titulares en áreas estratégicas como seguridad pública, fiscalización, catastro, obra pública y otras. Por supuesto al gobernante, si se porta bien, le toca un corte suculento del pastel municipal. Se sabe que la obra pública es fuente inagotable de cohecho y moches; ahí es donde se inflan presupuestos para construir obras suntuosas, aunque inútiles y horribles: una fuente bailarina de once millones, que deja de funcionar a los seis meses; una escalera kitsch de cuatro millones que no lleva a ninguna parte; un parque rehabilitado, que queda peor que como estaba… (¿verdad, guanajuateños?)
La viabilidad social y política de México requiere rescatar a los municipios de su actual postración, de su vulnerabilidad ante el crimen. Urge establecer o reforzar mecanismos de vigilancia social y rendición de cuentas oficial. Ojalá que algo de esto se incluya en la reforma política por venir, y que ésta no se limite a servir los grandes intereses de las élites políticas nacionales.
