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Libertad de opinión amenazada
Luis Miguel Rionda
La iniciativa que publicó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el 24 de julio pasado, referida a establecer “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, sigue causando fuertes controversias entre la clase política hegemónica y los medios y comunicadores serios. Actualmente está sujeta a consulta, que concluirá el 21 de agosto próximo. Un ejercicio, por cierto, no vinculante; es decir, inútil. Lo más probable es que se ignoren las observaciones críticas, y que se publique una versión edulcorada.
La presidente de la República no ha mostrado objetividad o prudencia. Se ha manifestado abiertamente en favor de que los medios establezcan comisarios, perdón, defensores de las audiencias que juzguen cuáles expresiones contienen información veraz, cuáles son post verdades, cuáles representan opiniones ecuánimes, y cuáles son prejuicios maliciosos contra el régimen. Le apuestan a la autocensura y al cerco de las voces críticas, como ya está sucediendo en muchos medios de comunicación importantes.
La campaña de desprestigio y persecución contra las voces disidentes se hizo lastimosamente evidente el miércoles pasado, cuando Luisa Alcalde, sucesora devaluada de la Vilchis en La Mañanera, hizo pública una larga lista negra de comunicadores y opinadores que forman parte de un oscuro complot en contra del régimen del pueblo bueno. Muchos de ellos van a sufrir consecuencias difíciles de prever; incluso el riesgo a su integridad, como ya les ocurrió a 19 periodistas asesinados en lo que va de esta presidencia (Animal político, https://t.ly/pyhDw).
La libertad de expresión en México está consagrada en el artículo 6º de la Constitución: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
El artículo 7º mandata: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares…” Y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Pero los actuales líderes del Estado mexicano asumen que este derecho humano no puede abandonarse en las manos de los ciudadanos comunes, siempre bisoños y crédulos; por lo que se debe “tutelar” mediante oficiales intérpretes de la verdad y la mentira. Esto vulnera la libertad de información, pues se les sustrae a las audiencias su derecho a optar libremente por las fuentes de su preferencia. El Estado tiene obligación de facilitar la información, y que esta sea veraz y verificable. No tiene el derecho a descalificar y demonizar a opinadores inconvenientes, ni a imponer censores internos. Los servidores públicos deben mantener una piel dura ante la crítica, por muy mordaz y malintencionada que esta sea.
Parafraseo a Miguel Alemán: ante la libertad de expresión, es preferible tolerar sus excesos que limitar sus alcances (https://t.ly/Gu9VL).
