¿Austeridad franciscana?
El anuncio presidencial de eso que se ha llamado pretensiosamente “pobreza franciscana” en el gasto de gobierno federal, augura un motivo más de preocupación para los ciudadanos conscientes de este país. Por supuesto, siempre se ha agradecido que se impongan límites a los egresos no sustantivos del sector público; pero también hay que procurar que ese gasto se convierta en inversión y que se refleje en el desarrollo social, económico y humano del conjunto nacional.
Desgraciadamente estamos presenciando un nuevo modelo administrativo, pergeñado por la autodesignada 4T, que se rige por una racionalidad voluntarista, ideológica y asistencialista. Es claro que las prioridades de gasto de este gobierno son fundamentalmente dos: primero, los programas de subsidio generalizado al consumo y la supervivencia; segundo, las mega obras de infraestructura, como el AIFA, la refinería Olmeca, el Tren Maya y demás.
En cuanto a la primera prioridad hay que recordar que el presidente dio un golpe de timón al inicio de su gobierno, y que se ha regresado al modelo aplicado durante los tiempos del nacionalismo revolucionario ¾¿recuerdan?¾, cuando se subsidiaba indiscriminadamente los gastos de subsistencia de la población, como la tortilla, la leche, el transporte, la electricidad, etcétera, sin diferenciar destinatarios. Así se beneficiaba a los pobres, pero sobre todo a los ricos, quienes son los que más consumen. Eso se acabó con el fustigado neoliberalismo de Salinas: los programas se reorientaron y se hicieron focales; los subsidios se basaron en padrones específicos levantados con criterios socioeconómicos ¾bueno, también políticos, hay que reconocerlo¾. En eso se sustentó Solidaridad y los programas subsiguientes como Progresa, Oportunidades y Prospera. Un gasto social con criterios quirúrgicos, donde se incluyó el Seguro Popular.
Hoy se subsidia la gasolina sin importar que se beneficia a las cohortes con más poder adquisitivo. Se reparten becas y apoyos en monetario a sectores demográficos improductivos. No se atienden criterios técnicos o reglas de operación que permitan optimizar los recursos, siempre escasos ante la dimensión de las necesidades. Pero en cambio se retiró el apoyo a sectores como el de las madres trabajadoras, que se quedaron sin estancias infantiles. Se eliminó el Seguro Popular y se dejó a 16 millones de personas sin protección a la salud (t.ly/zCmw). Y un largo etcétera, que se ha reflejado en un incremento de la pobreza, señalado por el Coneval (tinyurl.com/28sovlht).
En cuanto a las mega obras es bien sabido que ocupan una proporción enorme del gasto programable del gobierno federal, y que todas están registrando sobregiros y áreas oscuras en el ejercicio del gasto (t.ly/8G0g). Por ejemplo, la refinería Olmeca costará 16 mil millones de dólares, no los ocho mil programados (t.ly/yIlG). El Tren Maya ha incrementado su costo de 120 mil millones de pesos a 230 mil (t.ly/H2idk). Las seis mega obras se han convertido en un pozo sin fondo (t.ly/h7FU), cuya tasa de retorno es poco clara al carecer de estudios previos de costo beneficio. Son una apuesta de enorme riesgo.
La “pobreza franciscana” se aplicará en gastos del gobierno que son irrelevantes. Por ejemplo, que los funcionarios públicos ya no viajen, ni renueven vehículos de trabajo, ahorrará unos centavos, pero pondrá en riesgo su efectividad y seguridad. Un gobierno cuenta chiles, pero que permite fugas enormes de recursos en obras sin justificación estratégica. ¿De qué sirvió cancelar el NAIM de Texcoco, si el AIFA lleva cuatro meses semivacío? ¿Para qué gastar en una refinería en un entorno energético que apunta a las fuentes renovables? ¿Qué garantiza que el Tren Maya detone el desarrollo del Sureste, y en cambio no produzca una catástrofe ecológica?
Ante ese panorama la promesa de “apretarse el cinturón” suena a engaño. Un verdadero programa se austeridad revisaría con criterios de eficiencia y eficacia económica esos megaproyectos, para adecuarlos a la realidad presupuestal actual.
Pensar con visión de Estado en la posibilidad de que algunas de ellas sean redimensionadas o reprogramadas para su culminación por la siguiente administración. Eso liberaría presión sobre el erario y permitiría un seguimiento de esos proyectos con transparencia y contraloría social.
Pero sé que eso es demasiado pedir…