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En este espacio, Arcelia tiene un gran paquete en sus manos; Morena exige investigar contratos de seguridad; Samantha se limpia las manos; Desafortunada declaración de Claudia y otros temas…
Inseguridad de otros municipios afecta a capital
Para nadie es desconocido que desde las anteriores administraciones que encabezó el panista norteño Alejandro Navarro y ahora su esposa, Samantha Smith, siempre han sacado su ya muy trillado slogan que esta ciudad es la más segura del estado e inclusive del país y otros que lo toman a burla, hasta afirman que le faltó decir que hasta de todo el globo terráqueo.
Lo cierto es que las cifras oficiales tanto de la Secretaría de Seguridad y Paz y del Secretariado de Seguridad Pública a nivel nacional, ahí están y son un parámetro de dónde está la capital del estado de Guanajuato, tanto en incidencia, percepción y los datos duros indican que está ubicada en los primerísimos lugares en varios delitos, no se diga en cuanto a homicidios.
Ahora la alcaldesa se sacó de la manga que la inseguridad y la violencia registrada en otras ciudades colindantes como Irapuato, Silao o León, está afectando la llegada de los turistas, porque los asusta y por eso no vienen a gastar a esta ciudad patrimonio de la humanidad.
En la declaración que hizo durante la semana pasada, la primera edil indirectamente hizo alusión a la masacre ocurrida en la vecina Irapuato, donde la panista Lorena del Carmen Alfaro García, prefirió alejarse de los reflectores de los medios de comunicación y dejó el paquete a su titular de seguridad, a las autoridades policíacas encabezadas por Juan Mauro López y al titular de la Fiscalía General del Estado para que dieran sus declaraciones.
No fue enfrentamiento
Tras los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Irapuato donde doce personas perdieron la vida, entre ellas tres menores de edad, cuando festejaban en la vía pública a San Juan Bautista en un conocido barrio de aquella demarcación, en la mañanera del día siguiente a este suceso, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que se había tratado de un enfrentamiento.
De inmediato los medios nacionales retomaron este pronunciamiento y salieron a buscar sondeos entre los propios vecinos de la calle irapuatense, quienes negaron que se haya tratado de un enfrentamiento, porque el grupo de delincuentes llegaron directamente a rafaguear a toda persona que estuviera en la vía pública, sin causa justificada.
Otro hecho que la ciudadanía cuestionó en las redes sociales, es que la Ejecutiva Federal también ha dicho que los homicidios se han reducido considerablemente en el territorio estatal guanajuatense.
De inmediato se vinieron en cascada las reacciones, hubo quienes aseguraron que votaron por Morena, pero se han sentido decepcionados porque no ven que se haya reducido el número de víctimas mortales provocado por los ataques en las distintas ciudades del país, no solo en Guanajuato.
Ante presión social, investigarán casa gris
Fue tanta la presión pública que se ha tenido en los últimos días, que no le quedó de otra a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para salir a declarar a los medios de comunicación que instruyó a la irapuatense, su amiga, Arcelia González, para que, con apoyo del personal de la secretaría de la Honestidad, investigue a fondo los recursos que se ejercieron mediante los contratos millonarios que se aprobaron a Seguritech para implementar el programa de seguridad en Guanajuato.
Al parecer ya se inició la investigación, luego de que también la bancada de Morena presentó hace algunos días una denuncia penal y otra administrativa ante el Ministerio Público para exigir que se abra la investigación en torno al posible beneficio que obtuvo el ex gobernador Diego Rodríguez, quien mediante una publicación que se difundió hasta en medios nacionales, se presumió que resultó beneficiado para vivir en una mansión en Texas.
Y es que se ha mencionado al empresario Daniel Esquenazi Beraha, quien es socio de Seguritech, pudo haber beneficiado al ex mandatario guanajuatense, quien ya declaró a un medio nacional que es incorrecto que haya tenido algún posible conflicto de interés por los contratos que avaló durante su gestión, y que solamente vive su familia allá y él no, aunque se han publicado fotos con su familia en el vecino país.
Eso lo tendrá que determinar puntualmente Arcelia González, quien tiene un paquetote en sus manos, aunque de seguro, los y las legisladoras morenistas estarán haciendo “marcaje personal” a la servidora pública estatal para que cumpla al pie de la letra la función por la cual fue contratada por Libia García.
Ya lo habían declarado en su momento integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que no es competencia de ellos comenzar a analizar e investigar este programa de seguridad que se implementa desde el 2013, cuando era gobernante el actual senador Miguel Márquez, y que le correspondía a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, (ASEG).
Por cierto, a este organismo descentralizado, que recibe recursos públicos del gobierno del estado para su funcionamiento y pago de salarios, no se le da esto del combate a la corrupción ni de dependencias del gobierno del estado, ni de servidores públicos o de municipios.
Los morenistas juran y perjuran que sí hay una relación entre el empresario y Diego, pero la gobernante actual lo niega y es más, hasta advierte que ella no está para defender a personas o a contratos realizados en su momento por el gobierno estatal. De esta investigación no se espera que el gobierno estatal de algo de “carnita” ya que se saldrá por la tangente y podemos adelantar que saldrá a anunciar que la información de los contratos es confidencial y que se podrán dar en algunos años. Al tiempo.
Y Morena arremete contra Diego
La bancada de Morena en el Congreso Local y la dirigencia estatal de este Instituto Político en Guanajuato se unieron para exigir a las autoridades gubernamentales y a quienes se encargan de fiscalizar los recursos públicos para que no quede impune el presunto beneficio que obtuvo el ex gobernador quien a decir de ellos compró una casa con un valor de más de un millón de dólares en territorio norteamericano.
Lo anterior, como todo mundo lo sabe, se presume que fue con apoyo de la empresa Seguritec.
Aunque ya fueron interpuestas denuncias ante el MP por parte de la legisladora local Hades Berenice Aguilar Castillo, nuevamente la dirigencia que encabeza Adriana Guzmán Serna, volvió a retomar este tema y aseguraron que presentarán las denuncias penales contra Diego Rodríguez Vallejo por los presuntos delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y por corrupción.
De igual manera ayer martes en conferencia de prensa dijeron que pedirán la desclasificación de la información que se mantiene en reserva y de la cual la misma gobernadora dijo que se mantendría así, sobre los contratos signados con la empresa de seguridad desde la gestión de Márquez Márquez cuando fue ejecutivo estatal.
La mansión se encuentra en un exclusivo fraccionamiento en Houston, donde al parecer vive exiliado Diego Rodríguez, aunque este lo niegue.
Y aunque en realidad no tienen confianza en el actual del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marco Antonio Medina Torres, quien ha permanecido por años desde que se encontraba Carlos Zamarripa Aguirre, como titular de la FGE de Guanajuato, los dirigentes morenistas adelantaron que presentarán las denuncias correspondientes.
Del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que preside Giovanni Appendini Andrade, ni lo mencionaron porque saben que este es otro organismo descentralizado que solamente se dedica también a proteger los actos de corrupción de algunos funcionarios del gobierno estatal y ahora se une a la lista el ex gobernador.
Otro servidor público que está bajo la lupa es el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, (ASEG), Juan Víctor Fonseca López, quien desde que llegó a despachar en dichas oficinas, no se sabe con exactitud que acciones realizan ahí para sancionar o castigar los actos de corrupción, por lo que existe una gran opacidad dentro de las instituciones encargadas de combatir este delito.
La exigencia de la gente morenista es que se abra la información y que quede bien aclarado el millonario gasto que se hizo de dos mil 700 millones de pesos únicamente en la administración estatal de Miguel Márquez para implementar el programa “Escudo”, sin que hubiera resultados, al contrario, se incrementaron los hechos de inseguridad y violencia y consecuentemente los homicidios y empeoraron en la pasada gestión del “gordo” Diego Rodríguez. Hasta la próxima.
