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*Legislación fue aprobada en el Congreso Local
*Ciudadanos tendrán que pelear a las contralorías municipales para obtener información: González Zaragoza
Debe conocerse en qué se gasta el recurso público.
Para el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Rodrigo González Zaragoza, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, representa una regresión de por lo menos tres décadas, al subrayar que se camina hacia atrás en el tema de la transparencia.
Durante su participación en la pasada sesión ordinaria del Congreso Local donde fue aprobada dicha ley, el legislador recalcó que el principio básico de toda República es conocer las decisiones del gobierno, dónde y cómo se gasta el recurso desde el gasto más sencillo hasta el más oneroso.
González Zaragoza cuestionó lo que ahora tendrá que hacer el ciudadano para acceder a la información que debe ser pública y de fácil acceso.
Dijo que ahora el ciudadano tendrá que ir a pelear a la Contraloría de su municipio y le van a negar la información, se tardará días y será desgastante, lo que era una regresión a 1970, y ahí se quedaría el tema porque la población lo que más cuestiona es en qué se gasta el dinero.
Argumentó que ahora, bajo el pretexto de la consolidación y simplificación administrativa, los regresan en una cápsula del tiempo décadas, un retroceso y que su partido no está de acuerdo porque sin transparencia no hay democracia.
No obstante, el dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad de votos y se presentaron dos abstenciones.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado tiene por objeto garantizar el derecho humano al acceso a la información y promover la transparencia y rendición de cuentas.
Se establece que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; que no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o con delitos de lesa humanidad y que ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información; que la información pública regulada deberá ser veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo.
Además, se precisan los principios rectores de las autoridades garantes; que se contará con un subsistema de transparencia de Guanajuato; que las autoridades garantes emitirán política de transparencia con sentido social; se precisa que el plazo de respuesta no podrá exceder de cinco días contados a partir del día siguiente a la presentación y en caso excepcional podrá ampliarse hasta por tres días más, entre otros aspectos.
El legislador Juan Carlos Romero recordó que la armonización local actual enfrenta una regresión centralista que desatiende el principio de subsidiariedad, junto a precisar que los retos inmediatos incluyen la transición ante la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública, la reconfiguración de las responsabilidades de los sujetos obligados y la revisión profunda del sistema anticorrupción, especialmente en materia de adquisiciones y obra pública.
Finalmente, dijo que sin acceso a la información y transparencia es imposible identificar malas prácticas, no se gestionan eficazmente los recursos públicos y se evita el fomento de la denuncia ciudadana.
