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*Denuncian a alcaldesa de Moroleón de poner nombre de la gobernadora a nuevo gimnasio construido con recursos municipales
No deben ponerse nombres de gobernantes a obras.
“Guanajuato no necesita más presidentas municipales ni presidentes municipales gestores de aplausos para el poder estatal, necesitamos presidentas y presidentes que gobiernen, que defiendan lo que es de su gente a la que representan y que tengan la dignidad de decir que esta obra la pagó el municipio y es del pueblo y no es regalo para nadie”, afirmó la representante del Partido Verde ante el IEEG, Iovana Rocha Cano.
En el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria de este Instituto, al exigir que este actúe con seriedad y que agote todos los alcances que la ley les otorga y que investigue y ordene retirar toda comunicación donde se atribuya obra municipal a la gobernadora y que ponga un alto a ello.
Lo anterior, luego de que recordó que ayer su Instituto Político presentó una denuncia a través de la regidora Nancy Juárez, “por un hecho que no puede normalizarse”.
Y es que dijo que el gobierno municipal de Moroleón, encabezado por Alma Barragán, quien entregó una obra pública pagada con recursos municipales con un costo aproximado de más de siete millones de pesos, y se colocó el nombre de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo a la obra.
Aclaró que “una obra pública no es ni puede ser un regalo personal, es dinero de la gente, de los ciudadanos, y cuando se entrega a nombre de una autoridad se le roba a la ciudadanía su derecho más básico, saber quién hizo qué y con qué dinero”.
Rocha Cano dijo que no se debe saludar con sombrero ajeno, “esta es una de las prácticas patrimonialistas que más daño ha hecho a este país, al ejercicio público y por supuesto al estado de derecho”.
La representante del Partido Verde manifestó que “si esto se permite una vez, se va a permitir siempre. Hoy es un gimnasio entregado a nombre de la gobernadora, mañana serán calles, parques, becas, programas municipales entregados a nombre de quien convenga políticamente; es la privatización de lo público, no para una empresa, sino para una imagen”.
“Cuando un gobierno municipal adula al gobierno estatal, con dinero público, quien pierde es la ciudadanía. Por eso acudimos a este instituto, acudimos al árbitro electoral para que ponga un límite bastante claro y contundente a esta práctica en Guanajuato”, precisó.
Recalcó “desde el Partido Verde no vamos a normalizar de ninguna manera el servilismo como forma de gobierno, un gobierno municipal que entrega sus obras como alago a la gobernadora no es un aliado, es un subordinado y un estado con 46 municipios subordinados, no es un estado fuerte, es un estado sometido”.
Para terminar, señaló “lo que hoy se permite como alago, mañana será la regla para comprar la elección de 2027, y con dinero de todas y de todos. Deben dictarse medidas cautelares. Guanajuato necesita municipios fuertes, no municipios ni autoridades halagadoras”.
