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*La FGE no consideró posible delito en su investigación realizada: Martínez
Mariela Huerta Guerrero, comisionada presidenta IACIP.
Mediante un punto de acuerdo se pretende exhortar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que informe sobre las diligencias y actos de investigación que realizó dentro de la carpeta correspondiente a los hechos denunciados relacionados con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado, (IACIP) por auto aprobarse un aumento salarial para beneficiar a las personas comisionadas del organismo que está en vías de desaparecer a principios de 2026.
Asimismo, para que remita la fundamentación y motivación que sustentó la determinación de no ejercicio de la acción penal, así como las razones puntuales por las cuales consideró que los hechos denunciados no constituyen delito.
El legislador David Martínez Mendizábal recordó que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por hechos considerados como constitutivos de irregularidades graves al interior del IACIP.
Lo anterior, al respaldarse con información documental que revelan la aprobación de una modificación salarial en favor de quienes integran el Pleno de ese instituto, al margen de los procedimientos, controles y algunas restricciones normativas que están claramente previstas en la legislación estatal aplicable.
En la denuncia, dijo Martínez Mendizábal, se evidenció que la retabulación salarial se sometió al Pleno del IACIP presuntamente sin un dictamen técnico que la sustentara, sin un análisis jurídico que acreditara la competencia real para adoptar la decisión, sin evaluación de desempeño y sin que interviniera el Comité de Estructuración Salarial.
Agregó que la situación se agravó toda vez que las personas comisionadas que participaron y votaron esa retabulación son al mismo tiempo quienes se beneficiaron directamente, situación que genera una especie de conflicto de interés evidente. Además de que, subrayó, la situación también va acompañada de que los últimos días, se dio a conocer que la Fiscalía General determinó el no ejercicio de la acción penal, señalando que el hecho no constituye delito.
Finalmente, Martínez Mendizábal señaló que cuando se involucran recursos públicos y posibles conflictos de interés, esas obligaciones tienen un peso todavía mayor que no se puede evadir.
“La falta de información clara genera dudas razonables sobre si la Fiscalía agotó todas las líneas de investigación, si se valoró adecuadamente la posible violación al procedimiento legal y si se ponderó correctamente el conflicto de interés que ya señalamos”, concluyó.
La propuesta planteada en la pasada sesión ordinaria, ahora corresponderá a los integrantes de la Comisión de Justicia analizarla y elaborar el dictamen correspondiente.
