*La propuesta del diputado es enviada a comisiones
Un punto de acuerdo de obvia resolución formuló el diputado Ernesto Prieto Gallardo a efecto de exhortar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que se derogue el sistema complementario de seguridad social, que se ha establecido en su reglamento interior, en tanto actualiza violaciones constitucionales.
El ‘sistema complementario de seguridad social’ de la Fiscalía General del Estado claramente es una violación a prohibiciones constitucionales, por lo que desde este Congreso del Estado, en que reside la representación popular, y se atienden los asuntos de fiscalización de los recursos públicos estatales, debemos hacer una llamado a que se revierta la reforma aquí expuesta, que beneficia en forma ilegal e ilegítima a funcionarios de la Fiscalía, enfatizó el legislador local.
En la sesión ordinaria del Congreso Local, el legislador dijo que esta reforma tiene implicaciones muy significativas tanto en las finanzas de la Fiscalía, porque recibe para su funcionamiento la asignación de recursos públicos de los guanajuatenses, como en el hecho de que permite que los funcionarios de esta dependencia con más de 15 años de servicio activo, puedan llegar a jubilarse prácticamente con una pensión casi igual o mayor a su sueldo neto actual.
Esto se da en un momento en que se prevé que el Fiscal General Carlos Zamarripa tome la opción de jubilarse, ante un escenario estatal y nacional adverso al Partido Acción Nacional, que ha gobernado poco más de treinta años en Guanajuato, sin que el motivo sean los altos niveles de impunidad que prevalecen en el estado en la procuración de justicia, ni que se esté entre los primeros lugares nacionales en los delitos de homicidios y desapariciones.
Prieto Gallardo manifestó “puede afirmarse que el factor político es la verdadera causa de que el Fiscal General se vea obligado a jubilarse y como previsión de esto, ha modelado para sí y sus subordinados, un abuso de los recursos públicos, bajo el eufemismo de llamarle “sistema complementario de seguridad social, una beca VIP para Zamarripa y sus secuaces”.
Agregó “no vale argumento alguno que pretenda hacer pasar este abuso como legal y legítimo, excusándose en la autonomía de la Fiscalía, como en días recientes ha señalado el gobernador para justificar o dejar pasar este abuso de los recursos públicos, para crear una burocracia dorada de jubilados, menos, cuando los resultados en la Fiscalía General del Estado, no tienen la solidez de fincarse en una verdadera disminución de la impunidad, cuando es común que las víctimas del delito, sean revictimizadas en las agencias del ministerio público, o que a estas se les desaliente para no continuar con sus denuncias y búsqueda de justicia”.
Además, dijo, en el artículo 127 de la Carta Magna, claramente se establece en su base IV, la prohibición de conceder o cubrir jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones, préstamos o créditos, sin que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, lo que no se actualiza en el caso del Reglamento interior de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dada la naturaleza de este, cuyo objeto es regular la organización, estructura, atribuciones y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, no cuestiones laborales, de jubilaciones o pensiones.
Ernesto Prieto Gallardo hizo la propuesta de obvia resolución, pero por mayoría de votos no fue aprobado y se turno a la Comisión de Justicia para su estudio y posterior dictaminación.