0
0
*Ingresa al Congreso iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios en la Entidad
Analizarán la propuesta en comisiones.
Con el objeto de establecer expresamente la gratuidad de la educación impartida por la máxima casa de estudios de la entidad, la diputada Hades Aguilar Castillo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.
Hay que recordar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de un amparo que busca eliminar las cuotas en la UG.
Sobre el particular, la legisladora apuntó que se plantea adicionar un artículo 4 Bis a la legislación universitaria para establecer que la educación que imparta la Universidad será gratuita, con el objetivo de armonizar el marco jurídico estatal con el mandato previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aguilar Castillo señaló que actualmente el acceso y permanencia en programas educativos de nivel superior continúa condicionado al pago de cuotas de inscripción y reinscripción, situación que, afirmó, representa una restricción al derecho humano a la educación.
Reiteró que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un juicio de amparo relacionado con el cobro de cuotas en la Universidad de Guanajuato, en el que determinó que el Congreso del Estado incurrió en una omisión al no contemplar recursos suficientes para avanzar en la gratuidad de la educación superior.
Aguilar Castillo externó que la gratuidad de la educación superior es una obligación constitucional y legal que debe implementarse de manera progresiva mediante suficiencia presupuestaria y mecanismos de financiamiento concurrente entre la Federación y las entidades federativas.
Agregó que existen fondos federales destinados a apoyar a las instituciones públicas de educación superior en la eliminación gradual de cuotas escolares, sin afectar la viabilidad financiera de las universidades.
Finalmente, apuntó que se prevé que la Universidad de Guanajuato cuente con un plazo de 30 días hábiles para establecer las medidas administrativas necesarias para eliminar los aranceles cobrados por servicios educativos, además de que el Congreso del Estado deberá considerar las asignaciones presupuestales necesarias en los ejercicios fiscales subsecuentes.
La iniciativa deberá ser analizada y discutida al interior de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
