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*Buscan diputados tener un medio ambiente sano
*Las plantas de tratamiento reducen la carga contaminante a ríos y presas
Garantía a derecho humano al medio ambiente.
Con el objeto de fortalecer el marco jurídico estatal al incorporar de manera expresa la concurrencia en materia de tratamiento y disposición de aguas residuales, garantizando que tanto al gobierno estatal como los municipios cuenten con bases normativas claras para planear, operar y supervisar la infraestructura hidráulica fue presentada una iniciativa de reforma Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco refirió que el tratamiento de aguas residuales representa un componente esencial para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano y al acceso sustentable al agua. Apuntó que dicho derecho implica no sólo el acceso al agua en cantidad suficiente, sino su disponibilidad en condiciones de calidad que no comprometan la salud humana ni los ecosistemas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.
La presentadora de la iniciativa apuntó la importancia, función y condiciones actuales de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Agregó que representan una infraestructura estratégica: son el punto de cierre del ciclo hídrico urbano y rural, y determinan en gran medida la sostenibilidad de las fuentes naturales de agua.
Agregó que su adecuada operación permite reducir la carga contaminante hacia ríos, arroyos y cuerpos subterráneos, así como promover la reutilización segura del recurso para fines agrícolas, industriales o de recarga de acuíferos.
Mencionó que el desafío no radica en la cobertura física, sino en la capacidad institucional y financiera para sostener la operación de las plantas a lo largo del tiempo, garantizar el mantenimiento preventivo y asegurar el cumplimiento de la NOM-001SEMARNAT-2021.
A nivel municipal, enfatizó que el panorama es aún más preocupante. En ese sentido, ejemplificó con lo que sucede en el municipio de Victoria, que enfrenta serias problemáticas en materia de calidad y disponibilidad del agua: la contaminación del río Victoria, la insuficiencia en el tratamiento de aguas residuales y la sobreexplotación del acuífero Xichú-Atarjea configuran un patrón de riesgo permanente para la salud y la vida digna de las comunidades.
La diputada manifestó que esas condiciones no constituyen hechos aislados ni contingencias naturales, sino resultado de omisiones sistemáticas de las autoridades municipales y estatales, quienes no han garantizado un manejo integral de las aguas residuales ni la protección efectiva de las fuentes de agua.
Asimismo, comentó que la propuesta reafirma el compromiso del Congreso del Estado con una política pública orientada a la cooperación y coordinación efectiva entre los niveles de gobierno, bajo el reconocimiento de que la gestión del agua y el saneamiento son responsabilidades compartidas que requieren una actuación conjunta, técnica y sostenida.
Se busca que las políticas públicas en la materia sean más eficientes, transparentes y sostenibles, evitando la fragmentación institucional y promoviendo la corresponsabilidad en la prestación de los servicios públicos.
Las reformas propuestas representan un avance en la construcción de un sistema estatal de coordinación hídrica, con fundamento en los principios de sostenibilidad, legalidad, transparencia y responsabilidad compartida, contribuyendo al ejercicio efectivo del derecho humano al agua y al medio ambiente sano en la entidad.
