*En operativo realizado en la capital del estado
Proponen el punto de acuerdo en la sesión del Congreso
El diputado Ernesto Millán Soberanes presentó un punto de acuerdo para enviar un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que con base en sus atribuciones inicie una investigación en contra de quien y/o quienes hayan realizado la probable comisión del o los delitos de usurpación de funciones públicas o de profesión por los hechos acontecidos el pasado 8 y 9 de febrero en el operativo nocturno en el que participaron el presidente del DIF municipal, Saúl Navarro Smith, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Fiscalización y la Dirección Jurídica.
Durante la sesión ordinaria del Congreso Local, el legislador subió a la Tribuna Parlamentaria y lamentó que el municipio de Guanajuato esté sumergido en una crisis de inseguridad que cada día se agrava más.
Y es que no es solo es una cuestión de estadísticas, de notas en el periódico o de reportes “es la realidad con la que vivimos todos los días. La violencia ha tomado el control de las calles de nuestro municipio y de nuestras vidas, las familias están cansadas de vivir con miedo, los comerciantes están hartos de pagar cuotas para poder trabajar, las mujeres tienen que cuidarse a toda hora y los jóvenes están quedándose sin opciones”, enfatizó.
“Lo peor no es solo que la inseguridad aumente, sino que quienes deberían hacer algo al respecto siguen sin reaccionar. Las autoridades siguen con los mismos discursos de siempre, prometiendo soluciones mientras los homicidios suben, los robos no paran y los delincuentes sigue operando con total impunidad”, externó.
Millán Soberanos apuntó que no es un problema nuevo: “llevamos años denunciándolo, advirtiéndolo y exigiendo respuestas, pero aquí estamos, en 2025, peor que nunca”.
El legislador manifestó que los números no mienten. Guanajuato está en los primeros lugares de homicidios, de robos, de violencia de género, de desapariciones.
Mientras tanto, en lugar de estrategias reales, lo que vemos son simulaciones, operativos mediáticos y publicaciones en redes sociales para “cambiar la percepción”. Como si la percepción fuera el problema y no la realidad. Como si la gente tuviera miedo porque quiere, y no porque hay razones de sobra para estarlo”, señaló el legislador.
Dijo que hay algo más grave todavía, “en esta lucha contra la inseguridad, hay instituciones que tienen facultades para hacer algo y no las están usando conforme a sus atribuciones y a sus alcances, y una de ellas es el DIF”.
Recordó que el pasado sábado 8 y domingo 9 de febrero el Presidente del DIF en el municipio de Guanajuato, Saúl Navarro, mediante un video en sus redes sociales informó que estaba encabezando un operativo del DIF municipal, junto con Fiscalización, Seguridad y hasta Jurídico, en el cual realizaría visitas a los bares y cantinas del centro de la ciudad para revisar que no hubiera menores trabajando o consumiendo bebidas embriagantes.
Usurpación de funciones
“Hasta ahí digamos que todo está regularmente bien, y digo regularmente ya que el DIF no tiene facultades para encabezar operativos de este tipo, pero bueno démosle por buena la intención. El problema grave de todo este operativo es que Navarro Smith se presentó ante la sociedad como si fuera parte de alguna corporación policiaca, cuando obviamente no lo es”.
Ernesto Millán afirmó enseguida, “esta acción realizada es considerada como un delito en el Código Penal Federal y está tipificada como Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas, y se configura cuando una persona, sin tener la autoridad o autorización correspondiente, se atribuye y ejerce funciones que no le competen”.
El artículo 250 fracción IV del Código Penal Federal a la letra dice:
“Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial1 ” Acto que el presidente del DIF realizó al usar una placa que claramente pertenece a la secretaría de seguridad Pública, que incluso tiene grabada su nombre, con lo cual se pudiera configura este delito del fuero federal, acción que quedó grabada en su propio video 2 y en diversas fotografías que se encuentran en su página de Facebook oficial Saul Navarro Smith.
El DIF y su patronato no tienen facultades para ingresar a establecimientos públicos y solicitar credenciales de elector para comprobar la mayoría de edad, es más ni siquiera es facultad de la Dirección de Policía, esa es labor de la Dirección de Fiscalización”, aclaró el representante popular.
Y en la publicación en mención se puede ver que tanto el presidente del DIF municipal y peor aún el Director del DIF Marco Antonio Araujo Zavala se encargan de revisar credenciales al interior de los establecimientos, actos que son ilegales al carecer de funciones, la labor del DIF debe de ser de acompañamiento en caso de que las demás direcciones encuentren menores, no andar buscando menores.
Agrega: Claramente si se acerca cualquier persona acompañada de policías municipales y esta persona trae colgando del cuello una insignia policiaca, se presume es policía y puede hacer este tipo de revisiones o cateos, sin embargo, como se ya se dijo en este mismo documento, el ser portador de una placa o insignia de alguna corporación policiaca sin tener derecho a ella comete un delito.
Al no ser un elemento de la corporación policiaca municipal, se pudiera pensar que falsificó la placa, lo cual, según se establece en el artículo 250 bis del Código penal federal.
Es decir, “podemos presumir, que el pasado 8 y 9 de febrero se pudieron haber cometido varios delitos federales en el municipio de Guanajuato, uno el que pudo haber cometido Saul Navarro Smith al portar sin contar con las atribuciones una insignia y siglas a las que no tiene derecho y otros más por quienes hayan autorizado, entregado y falsificado la placa con la insignia y siglas de la policía municipal de Guanajuato; es importante mencionar que, quienes presumiblemente hayan cometido delitos estipulados en los artículos 250, 250 bis y 250 bis-1 deberán cumplir una pena que va de 1 a 6 años de prisión”, terminó.