*Se salva Navarro por decisión de magistrados
*Hay lagunas legales que no contemplan alguna sanción a los infractores
El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) determinó que la regidora de Morena, Estefanía Porras Barajas si fue objeto de violencia política por parte de la entonces secretaria del Ayuntamiento, Martha Delgado Zárate, la tesorera municipal, Irma Mandujano y el director de la función edilicia, Alexander Medina y tendrán que hacer la reparación del daño.
Durante la sesión pública jurisdiccional el Pleno del TEEG, resolvió el Procedimiento Especial Sancionador. La queja también incluía al alcalde panista Alejandro Navarro Saldaña por un supuesto comportamiento pasivo por tener un amplio conocimiento de las actuaciones de los funcionarios públicos antes citados y quedó exonerado.
Básicamente la representante popular acusó que se obstruía su actividad edilicia y la presidenta del organismo, María Dolores López Loza admitió que ellos no están facultados para aplicar alguna sanción, por lo que se puede considerar que existe una laguna legal para proteger de la violencia política a las personas que acusan por ello.
Dentro del expediente TEEG-PES-49/2023, la regidora Porras Barajas presentó denuncia en contra del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña; la entonces secretaria del ayuntamiento, y actual Síndica, Martha Isabel Delgado Zárate; la tesorera municipal, Irma Mandujano García; y Alejandro Medina Hernández, titular de la Dirección de la Función Edilicia, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio.
El organismo electoral determinó que sí hubo violencia política en contra de la regidora, y, solamente impuso medidas de reparación integral del daño en beneficio de ella.
No obstante, no se pudo acreditar que fuera en razón de género, porque si bien las conductas desplegadas por la secretaria, la tesorera y el titular en mención constituyeron una obstaculización al cargo de la quejosa, no obedecieron a su condición de mujer, según las y el magistrado.
De igual forma, las conductas de los funcionarios municipales revelaron un actuar sistemático que no solo afectó los derechos político-electorales de Estefanía Porras Barajas, sino menoscabaron su dignidad como persona.
Ante la imposibilidad de sancionar por la ausencia en la normativa electoral que lo contemple como una infracción, el Tribunal decretó imponerles medidas de reparación integral del daño para garantizarle el derecho a una tutela judicial completa y efectiva.
También ordenó dar vista a la actual Legislatura del Congreso de Guanajuato a efecto de que en ejercicio de su libertad de configuración legislativa y de acuerdo con su agenda, armonice las disposiciones necesarias a fin de que se incluya como infracción.