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*Están por cumplirse nueve meses y no se analiza la propuesta de la JGCP
*Diputados de todos los Grupos y Representaciones Parlamentarias coinciden que no deben percibir altos salarios los ciudadanos
Dejan en congeladora reforma para quitar salarios a integrantes del CPC del SEA.
A punto de cumplirse nueve meses de que fue presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato, la iniciativa que busca eliminar el pago de la contraprestación a las cinco personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la Comisión a donde fue turnada la propuesta sigue sin analizarla.
Hay que recordar que desde el pasado 24 de agosto de 2023 diversas fuerzas políticas se pronunciaron primero por limitar el sueldo de los cinco integrantes de este organismo, al argumentar la falta de resultados concretos en el combate a la corrupción y comenzaron a presentarse iniciativas de reforma a la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Guanajuato.
El pasado cuatro de septiembre de 2025, se presentó otra propuesta para eliminar la totalidad de las percepciones salariales de los cinco ciudadanos, al argumentarse que hay nulos resultados de sus integrantes.
Se trata de establecer que el CPC opere bajo esquemas honoríficos pues resulta una medida altamente beneficiosa desde el punto de vista ético, económico y funcional.
Esta independencia es crucial para que el CPC actúe como contrapeso legítimo y no como extensión burocrática del aparato estatal.
Al menos 14 estados de la República, que integran sus respectivos sistemas anticorrupción, no perciben una mensualidad.
Implementar un modelo honorífico no sería algo imposible o inviable, otros estados ya implementan este modelo. Como ejemplo podemos ver en el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí: «ARTÍCULO 18. El cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana será de carácter honorifico por lo que no recibirán retribución alguna por su ejercicio, garantizando así la objetividad e imparcialidad en s desempeño. La Secretaria Ejecutiva les proveerá los recursos humanos y materiales indispensables para el desempeño de sus funciones».
Reforma en Quintana Roo: En este 2026, el Congreso local aprobó una reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción estatal que elimina la modalidad de sueldo completo para los consejeros. Se determinó una reducción de hasta un 70% en sus percepciones, pasando a esquema de honorarios con obligación presencial y abriendo una convocatoria para renovar el órgano en un plazo de 90 días
En Guanajuato existen otros comités o consejos ciudadanos que no reciben ningún tipo de contraprestación, como son el Consejo Estatal de la Seguridad Pública o el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros, y el único en el que sus integrantes reciben un pago, es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que consideramos viable la existencia de un Comité de Participación Ciudadana por honoríficos funcional, recalcaron en su momento los legisladores de todos los partidos.
El objeto de la propuesta es ir en la búsqueda de una racionalización presupuestal, el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana con auténtica vocación, evitando así la burocratización de dicho comité y regresar a su origen de vigilancia ciudadana del quehacer gubernamental.
Ciudadanos que “combaten” la corrupción tienen sueldazos.
En el «PB3021 Participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, al que le otorgan $5,769,514.00, el 90% de este presupuesto se destina solamente para el pago de las cinco personas integrantes del comité.
Mientras que para toda la operación del Sistema Estatal Anticorrupción en 2025 se
presupuestaron $19,162,731.174, del total del presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción, el 30% va dirigido solo a la operación del Comité de Participación Ciudadana, y a la realización de las que consideramos pocas y débiles acciones para la contraprestación tan alta que perciben, insistieron los legisladores locales.
Estas compensaciones elevadas podrían destinarse a fortalecer el mismo Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la capacitación de personas servidoras públicas o campañas de sensibilización y denuncia ciudadana, o incluso, destinarlo fuera de este Sistema a áreas de fiscalización directa que sean vinculantes.
Las y los integrantes de la JGCP consideran que, desde una perspectiva operativa, la estructura honorífica evita la burocratización del espacio ciudadano, haciendo que el comité sea más ágil, menos sometido a trámites internos y más enfocado en resultados concretos. Al eliminar la lógica de la nómina, se reduce la tentación de justificar el cargo por permanencia y se incentiva la productividad por impacto.
Este se configura como órgano autónomo de manera ambigua. Si bien se menciona que sus integrantes no gozarán de prestaciones para así garantizar la objetividad de sus aportaciones, lo cierto es que, en Guanajuato, cada persona integrante de este comité gana una contraprestación de aproximadamente 110 mil pesos mensuales, y dura en su encargo 5 años. Al respecto, consideramos que dicha contraprestación es sumamente alta, más aún, atendiendo a las actividades que vienen realizando.
A la vez, recaen sobre las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana, obligaciones y responsabilidades de personas servidoras públicas, y se les impide laborar en «cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva» sin especificar cuales, alejándolas de su rol ciudadano, y convirtiéndolos en empleados estatales.
La vigilancia ciudadana y el control social deben ser ejercidos de manera voluntaria, autónoma y colectiva. Remunerar estas funciones, automáticamente se configuraría un vínculo jurídico encuadrado en el artículo 123 constitucional, que regula las relaciones laborales entre el Estado y los trabajadores.
En la iniciativa se menciona también que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece en su artículo 36 las bases sobre las que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas Locales, y en ninguna fracción se obliga a otorgarles una contraprestación.
En ese contexto, el diputado de MC, Rodrigo González Zaragoza instó a todos y todas sus compañeras del Congreso para sacar adelante las iniciativas presentadas en la actual legislatura local, porque eso es lo que exige y reclama la ciudadanía guanajuatense.
Consideró que la labor legislativa debe estar por encima de cualquier connotación o grilla política, toda vez que la ciudadanía de Guanajuato espera resultados también en prioridades como el combate a la pobreza, la impunidad, la falta de infraestructura y de proyectos de movilidad.
De igual forma, realizó un llamado a evitar la polarización, subir el nivel del debate y poner a Guanajuato por encima de cualquier color partidista.
