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*Estado gestionó su instalación, admitió titular de la SOP
Los burócratas sí son protegidos con los reductores.
El legislador local José Erandi Bermúdez cuestiona la instalación de reductores de velocidad en la carretera libre Guanajuato-Irapuato, que es de jurisdicción federal y que están a la altura donde se encuentran oficinas de la Secretaría de Obra Pública, edificio donde antes operaba el INIFEG.
El representante popular cuestionó al secretario de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Juan Pablo Pérez Beltrán, que el personal y funcionarios de esta dependencia que hacen uso de los vehículos tanto oficiales como particulares, se aparcan con toda comodidad en el interior o exterior de la dependencia, cuando habitantes de otras comunidades rurales de la zona exigen que se tomen medidas de seguridad para sus accesos a las localidades.
Erandi Bermúdez Méndez apuntó que le llamó la atención que hace algunos meses fueron colocados unos reductores de velocidad “donde estaba antes el INIFEG, no se porqué pues hay comunidades más adelante donde tal parece que no existen las comunidades, pero sí existen los funcionarios que tienen que llegar y entrar cómodamente al INIFEG y no precisamente a quienes nos debemos, que es a los ciudadanos”.
SOP da prioridad a seguridad de servidores públicos
Algunos los evaden y se van por el carril contrario.
Como respuesta, el titular de la SOP, aceptó que el estado hizo la gestión para que se colocaran los reductores de velocidad, porque esta carretera es del ámbito federal, por lo que ahí intervino la directora del Centro Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Irma Leticia González Sánchez, quien por cierto es originaria de la ciudad de Irapuato y pasa continuamente por esta carretera.
“En el gobierno de la gente la seguridad de las personas es una prioridad, por eso actuamos de manera coordinada para atender cualquier situación que representa un riesgo en las vialidades”, apuntó el funcionario estatal.
Agregó que el tramo en cuestión forma parte de la red carretera federal, “por lo que su jurisdicción, operación y modificación no corresponden al ámbito estatal; sin embargo, ante el riesgo identificado para las y los usuarios el estado actuó como instancia gestora ante la autoridad federal competente para solicitar esa intervención”.
El titular de la SOP dijo que la colocación de reductores de velocidad responde a un análisis técnico de seguridad vial en el que se consideran factores como la velocidad de operación, la presencia de accesos, cruces peatonales y la interacción de distintos usuarios en la vía.
Aseguró que el gobierno estatal mantiene una estrategia permanente de identificación y priorización en puntos de mayor riesgo, por lo que las solicitudes de otras comunidades se evalúan bajo los mismos criterios técnicos a fin de implementar soluciones donde realmente se requieren.
