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*En junio de 2025 se previó terminar la obra
Más de un año de retraso de la obra.
La Secretaría de Obra Pública del gobierno del estado debe sancionar a la empresa que construye el Distrito Gobierno, porque ha incumplido con el contrato que estipula la fecha de terminación de la obra que se realiza en el Parque Bicentenario de Silao.
Esto fue propuesto por el diputado local Ernesto Millán Soberanes, durante el apartado de asuntos generales de la Diputación Permanente al considerar que “es muy corto el avance de la obra”, ya que va apenas el 50 por ciento y la construcción debió quedar finalizada en junio del año pasado.
En dos años lleva ese avance físico, por lo que descartó que en los próximos tres meses esté totalmente concluida como se anunció previamente, al darse la prórroga.
Por ello, dijo que la exigencia la consideró legítima, “quisiéramos saber cuánto se ha gastado, qué dependencias serán trasladadas de la ciudad de Guanajuato, cuáles fueron los estudios que justificaron esa decisión, cual será el impacto económico para Guanajuato y cuánto tardará en recuperarse la inversión”.
Recordó que desde que inició la obra “esta ha estado llena de cuestionamientos, corrupción y falta de transparencia, que hoy siguen sin respuesta”.
Reiteró su inconformidad ante las presuntas irregularidades y retrasos en la edificación del nuevo complejo administrativo estatal en el Parque Bicentenario, toda vez que se trata de un proyecto con una inversión superior a los mil millones de pesos y que pese a haberse pactado originalmente un plazo de 330 días para su conclusión a mediados de 2025, la obra apenas registra un avance aproximado del 50%, sin que existan sanciones claras por el evidente incumplimiento de los tiempos establecidos.
“Porqué se ha permitido que una obra de esa magnitud acumule tantos retrasos, sin que hasta ahora tengamos una explicación pública suficiente y convincente de las responsabilidades que corresponden”, puntualizó el representante popular.
“Esta obra la está desarrollando una de las empresas preferidas del innombrable, auto exiliado ex gobernador”, recordó Ernesto Millán.
Reiteró que deben hacerse públicos los estudios que justificaron el cambio de sede de las dependencias estatales, el impacto económico que tendrá para Guanajuato capital y para las personas que trabajan en dichas dependencias.
Finalmente señaló “si se van a utilizar los recursos del patrimonio de los trabajadores del estado, (mediante el fondo de las pensiones), tenemos derecho a saber que dependencias se van a trasladar, porqué se van a trasladar, cuánto costará realmente la operación y cuando se recuperará dicha inversión”.
El exhorto que fue presentado el pasado mes de junio sigue en la congeladora porque no se ha discutido, ni se ha aprobado o rechazado.
