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*Verónica Cruz Sánchez recibió 400 mil pesos por concepto de honorarios, con sus vacaciones y hasta aguinaldo
La activista será denunciada por las organizaciones civiles.
En un comunicado oficial compartido por diversas Organizaciones de la sociedad civil del estado de Guanajuato, denunciaron un posible conflicto de interés entre la Asociación “Las Libres” que encabeza Verónica Cruz Sánchez y el gobierno del estado de Guanajuato.
En el documento compartido a los medios de comunicación estatal, pidieron aclarar los contratos de trabajo otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que encabeza el ex diputado local panista, José Alfonso Borja Pimentel, a la titular del centro feminista Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.
Las organizaciones civiles mostraron contratos de prestación de servicios firmados desde el 2017 a la fecha, en donde se revelan las funciones de “trabajadora social”.
Las asociaciones inconformes reprocharon esta acción, reclamando que Verónica Cruz es una activista a la cual se le “reconoce por su activismo en favor de la despenalización del aborto”.
De acuerdo con documentos oficiales del gobierno del estado, Sánchez Cruz ha recibido del gobierno de Guanajuato más de 400 mil pesos por concepto de honorarios, además del goce de vacaciones, aguinaldo y prestaciones laborales.
“Verónica Sánchez aparece como especialista con funciones de trabajadora social, situación que ha generado inconformidad debido a la naturaleza de su activismo y la misión institucional del DIF, enfocado en la protección de las familias. Sectores de la sociedad del estado señalan un claro conflicto de intereses”, detalla el comunicado.
Asimismo, las organizaciones civiles solicitaron a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo aclarar la participación que tiene Sánchez Cruz en el programa de educación sexual “En Buen Plan”.
“Por ningún motivo se otorgue protagonismo a personas cuya trayectoria pública está ligada a la promoción del aborto en México y en el extranjero”, cita el documento.
Hay que recordar que se aseguró en un principio que el programa de educación sexual “En Buen Plan”, lo había “donado” Verónica Cruz, pero ahora da un giro este tema,
Ante esto, las organizaciones civiles analizan presentar una demanda en contra de Sánchez Cruz por presuntas violaciones contractuales, ya que en los convenios con el DIF se estipulan cláusulas que no respetó la activista como la de confidencialidad respecto al manejo de información institucional, terminó el comunicado.
