0
0
En este espacio, parchan el (PMDUOET) por instrucciones de IPLANEG; Efectos por desaparición de Secretaría del Migrante; Clubes de motociclistas en contra de engomados; Preocupa la extorsión en Guanajuato y otros temas más…
Parcial protección al ambiente
Pues resulta que efectivamente el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, (IPLANEG), sí detectó un gran cúmulo de inconsistencias en el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), que fue aprobado por mayoría de votos en el ayuntamiento local.
Ese es un indicativo de que tendrán que hacer modificaciones a las recomendaciones y observaciones hechas por la instancia estatal, para que posteriormente sea sometido a votación el documento, ya parchado, ante el pleno del Cabildo capitalino, aunque antes deberá ser enviado al IPLANEG para que le den el visto bueno.
Y no fueron pocas las observaciones realizadas por el IPLANEG, se dice que fueron más de 200, así que podemos deducir que el producto elaborado al interior del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), cuyo titular Juan Carlos Delgado Zárate renunció al cargo, fue hecho con las patas, y así lo aprobaron la mayoría de las y los representantes populares que tenemos en este territorio.
Este Plan ha sido duramente criticado por diversos sectores de la sociedad capitalina, léase ecologistas, ambientalistas, activistas, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, y profesionistas, por considerar que no se cumplirá al cien por ciento con la protección al medio ambiente, especialmente para impedir que se realicen proyectos de urbanización en el principal pulmón de la capital como es su Sierra de Santa Rosa y otras áreas Naturales Protegidas.
Entró el famoso sospechosismo de que quienes tienen la mayoría en el Cabildo local, ocultarán las observaciones que se enviaron a la secretaría del Ayuntamiento, para evitar escándalos y que se les impida seguir adelante con sus proyectos de urbanización en varias zonas de esta demarcación, que al final de cuentas, es el negocio que deja buen billete a ya saben quién.
Escasa información de nueva Secretaría
El lamentable hecho provocado por la inundación ocurrida el viernes pasado en el estado de Texas donde una familia se encuentra desaparecida, y que ayer se supo es originaria de San Miguel de Allende, Guanajuato, dejó al descubierto que la nueva secretaría de Derechos Humanos que tiene ahora adherida a la exterminada secretaría del Migrante, demostró que fue un error eliminarla porque muy poca información se ha generado para apoyar a los paisanos radicados en otras latitudes.
Y es que cuando fue creada en la anterior administración estatal, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, quien fuera su titular, Juan Hernández, mantenía constante comunicación con la prensa, a la que mantenía informada sobre los asuntos más relevantes que tienen que ver con el apoyo a los migrantes.
Dejaron nuevamente a Susana Guerra Vallejo, como encargada de despacho, de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en Contexto de Movilidad, como pomposamente se le denomina, sin embargo, casi no aparece públicamente para dar a conocer los pormenores de esta situación.
De hecho, tampoco ha salido a dar a conocer las acciones que se realizan para brindar asesoría y protección a los miles de migrantes guanajuatenses que viven en Estados Unidos de Norteamérica, que están en riesgo de ser deportados por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
Se tiene conocimiento que hay una importante población guanajuatense que vive en esa región del vecino país, según un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, pero no precisa la cantidad, ni si hay más personas guanajuatenses damnificadas o desaparecidas.
Fue el presidente municipal de San Miguel de Allende, el presumido Mauricio Trejo Pureco, quien dijo que los dos padres de familia y su hijo menor desaparecido son originarios de la comunidad rural de los Rodríguez, perteneciente a esa demarcación, mientras que la secretaría de Derechos Humanos, parecería que solo fue creada de parapeto.
Ahora solamente hay que esperar la información que proporcione la Secretaría de Relaciones Exteriores, o en su caso, la Oficina de Enlace en San Antonio, para poder conocer si hay más guanajuatenses afectados.
Por unos, la pagan otros…
A raíz de la aprobación de la reforma a la Ley estatal de Movilidad que obligará a todos los motociclistas del Estado de Guanajuato, a colocar el engomado en sus cascos para tener plenamente identificados a quienes utilizan este medio de transporte, el pasado fin de semana un reducido grupo de Bikers se manifestó aquí en la capital para exigir que se de marcha atrás a esta disposición.
Sin embargo, se ve imposible que las y los diputados estatales vayan a recular y echar para atrás su aprobación, porque lo que se busca es precisamente combatir a los llamados “motorratones” que siguen haciendo de las suyas.
Y es que, para poner un ejemplo reciente, el pasado sábado se registró un asalto a mano armada donde un sujeto que iba en una motocicleta, asaltó un expendio de cerveza ubicado enfrente de la entrada principal al Fraccionamiento Ex Hacienda Santa Teresa.
Sorpresivamente, los encargados del lugar, tuvieron la mala fortuna de ser asaltados, ante la falta de vigilancia. Se desconoce el monto de lo robado, pero esta es otra muestra de que es imprescindible que se cuente con la plena identificación de los conductores de motos, por eso deberán tener colocados sus engomados en sus cascos, de las placas que porta cada unidad.
Los manifestantes tienen razón en señalar que los Bikers no son delincuentes, pero lamentablemente por unos cuantos, la llevan otros.
Esta disposición nueva entrará en vigor a partir del primero de enero de 2026. Los inconformes exigen que haya diálogo directo con los representantes populares, porque aseguran que a ellos no los tomaron en cuenta para que se aprobada la modificación en la respectiva ley.
No pueden frenar extorsión
Ahora sí ya le preocupó al gobierno estatal de Guanajuato el alarmante aumento de casos de extorsión que se están registrando.
La prueba está en que la mandataria estatal se acercó una vez más al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, para que los apoyen.
Y es que, de acuerdos que compartió el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona en una entrevista que concedió en el marco de la apertura de las compuertas de la presa de la Olla el lunes pasado, que el 80 por ciento de los casos denunciados de extorsión provienen de cárceles federales ubicadas en los estados de México y Tamaulipas.
Los casos deben estar bien checados por la policía cibernética ya que a ellos es a quienes les llegan los reportes vía telefónica o por vía remota.
Sin embargo, hay denunciantes que se quejan que les piden una serie de datos personales y ellos desconfían hasta de la policía cibernética, por considerar que podrían filtrar alguna información a la delincuencia organizada.
Además, hay que recordar que existe mucha gente que tampoco denuncia y prefiere cerrar sus negocios porque consideran que las autoridades de seguridad pública o en este caso de la Fiscalía General del Estado no hace nada para frenar este delito.
Si el 80 por ciento de casos de extorsión vienen de penales federales, la pregunta al funcionario estatal, es ¿de donde provienen el otro 20 por ciento de casos?.
Y es que Jiménez, brazo derecho de Libia García, rechazó que haya llamadas telefónicas provenientes de los centros penitenciarios que tiene a su cargo el estado.
Comerciantes de ciudades como Guanajuato, León, Irapuato y Celaya se quejan porque no se hace gran cosa para combatir a los extorsionadores, que también contactan a particulares mediante mensajes por la vía de WhatsApp para buscar intimidarlos y les mandan imágenes para amenazarlos con hacerles daño si no acceden a entregar determinadas cantidades de dinero.
Hay mucho por hacer por parte de las autoridades federales, pero también estatales para eliminar este grave delito que tiene atemorizados a los guanajuatenses.
Vinculan a proceso a tres de FGR
Y para terminar este espacio, hoy miércoles por la mañana, el abogado Roberto Saucedo Pimentel dio a conocer que un juez penal federal vinculó a proceso a tres servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), “por haberse abstenido de investigar una denuncia por corrupción en el hospital del ISSSTE de León cuando fungía como director Gabriel Cortés Alcalá, actual secretario de Salud del estado de Guanajuato.
El profesionista que compartió el video en sus redes sociales para hacer el anuncio, señaló “esta nota evidencia que el actual Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste es un corrupto porque él ordenó proteger a este servidor público y ahora se presenta en la Fiscalía del Estado hablando de cero impunidad. Este costo político es para Libia, ojalá y pueda rectificar sus malas decisiones”, finalizó su mensaje. Hasta la próxima.
