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En este espacio, Acomodan en el Congreso al panista Enrique Sosa; los irresponsables regidores del ayuntamiento capitalino; contra reloj la reforma electoral de Guanajuato, entre otros temas….
Sigue agencia de colocaciones
Aunque las autoridades gubernamentales juran y perjuran que el Servicio Civil de Carrera si es efectivo y con su aplicación se selecciona a la persona con más experiencia, capacidad y conocimiento en el área donde participa para conseguir una plaza en alguna dependencia del gobierno, del Congreso Local, del Poder Judicial del Estado de Guanajuato o de organismos descentralizados, lo verdaderamente cierto es que este sistema está de parapeto y al final de cuentas lo que se aplica es colocar a su familiar, amigo, conocido en algún empleo burocrático.
Hay varios ejemplos que se han dado a conocer en esta misma editorial, y no tiene ningún caso volver a repetir los nombres, pero llama la atención el último caso registrado, en el Congreso del Estado, donde el ex tesorero municipal de León, el panista Enrique Sosa Campos, fue contratado para realizar las funciones de asesor jurídico y director general de Archivos.
Antes figuró en este último cargo, por varios años, quien fuera dirigente municipal panista en la capital, Alberto Macías Páez.
Claro que hay cargos superiores que no son sometidos al Servicio Civil de Carrera, esos llegan literalmente de dedazo, por el compadrazgo, compromisos políticos, para apoyar a su militancia panista, y solamente “concursan” las plazas para rangos de mejor jerarquía, pero estos, lógicamente ya están dados a sus cercanos.
Otros conocidos panistas, entre ellos, los ex dirigentes estatales Gerardo Trujillo Flores y Gerardo de los Cobos Silva, los colocaron en cargos importantes en el Congreso Local.
Ahora, el secretario general del Congreso, Javier Torres Mereles, otro conocido militante panista que llegó al cargo por tener buenas palancas, ahora justificó la contratación de su copartidario Enrique Sosa Campos, quien hay que recordar, fue acusado de presuntamente incurrir en actos de corrupción y pesan sobre él, acusaciones por supuesto acoso sexual.
Si se echan un clavado a su currículum, el ex tesorero de León no cuenta con licenciatura en Derecho, es contador público de profesión, por lo que no cumple con el perfil para ocupar dicho cargo en el Congreso.
Regidores piensan más en pasear
En las redes sociales institucionales de la presidencia municipal de Guanajuato se difundió la crítica de la regidora Liliana Preciado, al acusar a sus pares, el morenista Julio César García Sánchez, a los panistas María Fernanda Vázquez Sandoval y José Carlos Domínguez López Velarde y al priísta, Paulo Ramírez Noguez, de estar más preocupados por viajar y pasear en el extranjero, que acudir a cumplir con su responsabilidad por la que tomaron protesta, y que es trabajar por el bien de los guanajuatenses.
Ante la ausencia de estos representantes populares, quienes coincidentemente reportaron tener “problemas estomacales”, a lo mejor porque ingirieron el mismo alimento y les hizo daño, la regidora Liliana Preciado tuvo que declarar la falta de Quórum en la comisión de Turismo y se cancelaron los trabajos.
La molestia de la regidora de MC fue notoria y aprovechó la difusión de la fallida comisión, para despotricar en contra de los irresponsables regidores, a quienes el pueblo les paga y con muy buenos sueldos, para que les den resultados en sus diferentes áreas.
Con miras a la salida al país de China, por parte de la alcaldesa Samantha Smith, y acompañantes, dizque para firmar un hermanamiento y para concretar un convenio para atraer el turismo a la capital, los regidores faltantes ni siquiera se tomaron la molestia de sugerir que se conectaran a la comisión para participar al menos a distancia en los trabajos.
“No fueran viajes, porque entonces iríamos todos”, fue la frase que repitió dos ocasiones Liliana Preciado, quien lamentó que por la falta de quorum se tuviera que suspender la comisión de Turismo.
Reforma electoral, a la vuelta de la esquina
Solamente queda a los representantes populares del estado de Guanajuato que tienen sus oficinas de lujo arriba del cerro de Las Enredaderas, un mes y medio para poder aprobar la reforma electoral local.
Al parecer no les preocupa que estén con los dedos en la puerta para aprobar este ordenamiento, y aun está pendiente trabajar a fondo en el documento que se deberá aprobar en una sesión plenaria del Congreso Local.
No se sabe si en la bancada de Morena se trabaje en una propuesta, o esta saldrá “consensada” de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pero lo cierto es que el actual coordinador de este Grupo Parlamentario, se ve muy lento en cuanto a comunicar hacia el exterior, qué es lo que se está haciendo para aprobar las modificaciones a la legislación local en este tema en materia electoral.
Lo que se sabe es que, al interior de la JGCP, las diferentes corrientes políticas ya acordaron que se haga la contratación de personas externas, que estén bien empapadas en el tema, para que apoyen en hacer un buen proyecto, y que pueda ser aprobado, si es posible, por unanimidad de votos.
Entra en vigor un mayor descuento en peaje
Mientras son peras o son manzanas, ya entró en vigor el descuento del 40 por ciento por el uso de la autopista Guanajuato-Silao, o Silao hacia Guanajuato.
En tanto, integrantes de la Resistencia Ciudadana GTO.-Silao, han celebrado continuamente conferencias de prensa, para dar a conocer los avances que se tienen, respecto a las inconformidades y exigencias para que ya no se cobre el peaje de la carretera y que esta sea libre.
Entre tanto, en la semana, ocurrió otro percance en la carretera libre de dos carriles, la de Guanajuato-Silao, donde un motociclista resultó lesionado, pero los accidentes automovilísticos se siguen presentando de manera alarmante, sin que la Guardia Nacional, incremente el número de patrullajes para exigir que se respeten los semáforos, los señalamientos de tránsito y que no haya quienes conduzcan a exceso de velocidad o alcoholizados.
Aquí debe haber una corresponsabilidad compartida, entre conductores de trailers, camiones suburbanos, automovilistas y motociclistas, para buscar reducir el alto índice de accidentes que se tienen semana a semana en esta carretera.
Que ahora sí entrarán en operación semáforos
A cuenta gotas, la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, comenzará a autorizar poner en funcionamiento algunos semáforos, tal es el caso de los que se encuentran en la glorieta de El Laurel que comunican hacia Marfil.
Bueno, eso es lo que aseguró el titular de la dependencia, Juan Pablo Pérez Beltrán, y es que al parecer ya les satisfizo el estudio técnico que analizaron en el Complejo Administrativo de Pozuelos para que dieran la luz verde a estos semáforos.
Faltarían otros que se encuentran a la altura de la Escuela Educacional Piloto y los que están por la zona hacia Pueblito de Rocha, y los que están sin operar en el Bulevar Euquerio Guerrero.
Asi que habrá que esperar que tan bien o no, funcionan estos aparatos que regularían el tránsito vehicular en diversas zonas de la capital, aunque hay coincidencia por parte de las y los conductores de vehículos que se generará un mayor caos vial, sobre todo en las llamadas horas pico.
Fiscalías del país no aplican mismos protocolos
Es innegable que siguen las fallas en las Fiscalías de los Estados y de la Federación. Recientemente desaparecieron a un alcalde de un municipio del país, junto a su padre y de inmediato movilizaron medio millar de elementos de seguridad de diferentes agrupaciones federales y del estado donde presuntamente secuestraron al primer edil y a sus padres, y los localizaron de inmediato.
Caso contrario, una mujer de nombre Edith Guadalupe, de 21 años, que fue citada a un lugar en la Benito Juárez, y que desapareció el pasado 15 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, les dijo a los familiares que tenían que esperar 72 horas para reportar la desaparición y comenzar a hacer la búsqueda.
Ese mismo protocolo se aplica en diferentes entidades federativas, las autoridades les dicen a los familiares de las personas desaparecidas, que tienen que esperar ese tiempo para poder denunciar la no localización de algún familiar a fin de poder comenzar las investigaciones.
Los colectivos y grupos de personas buscadoras por eso critican fuertemente a las Fiscalías, porque no aplican los protocolos como debe ser, para no privilegiar a altos servidores públicos que sufren por los presuntos secuestros y ahí sí, movilizan a cientos de policías para dar con el paradero de los desaparecidos.
Ellos exigen justicia inmediata y que, así como movilizan las fuerzas policiales con rapidez para buscar a funcionarios, esto se debe hacer por igual para cualquier persona que es reportada como desaparecida en todo el territorio nacional. Hasta la próxima.
