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*El Frente Ciudadano por el Manejo Integral de Residuos informó que en Festival de Muertos se generó un promedio de 125 toneladas adicionales de desperdicios
Plantean exigencias al municipio.
La ciudad no puede seguir sacrificando su territorio para alimentar una industria turística que mide el éxito en función de visitantes y ganancias, pero ignora sus consecuencias ambientales.
Esto fue pronunciado por el Frente Ciudadano por el Manejo Integral de Residuos en Guanajuato capital, (FRECIMIR).
Al hacer referencia a los seis días del Festival del Día de Muertos afirmó que se generaron aproximadamente 750 toneladas de residuos, un promedio de 125 toneladas adicionales por día. Esta cantidad equivale al 96.2% de la generación habitual diaria de basura de Guanajuato Capital.
Mientras el gobierno presume cifras récord de visitantes y derrama económica, la ciudad sigue dependiendo de un tiradero fuera de norma, con antecedentes de incendios y una sentencia judicial que ordena su clausura.
Desde FRECIMIR cuestionamos un modelo de turistificación que privilegia los festivales masivos y el crecimiento económico mientras ignora los límites ambientales del territorio.
Guanajuato no puede seguir convirtiendo su patrimonio en mercancía y trasladando los costos de esa promoción a su población y al medio ambiente.
El Frente Ciudadano alertó que es preocupante que los residuos siguen llegando a un tiradero municipal que incumple la normatividad ambiental, cuya operación representa un riesgo para el agua, el suelo, el aire y la salud de la población y cuya clausura ya fue ordenada por la justicia federal.
Recordó que el primero de mayo de 2023 el tiradero municipal sufrió un incendio que tardó 12 días en ser controlado, dos años después el 29 de mayo de 2025 el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato resolvió el juicio de amparo 749/2023-II promovido por ciudadanos ante las afectaciones ambientales derivadas de aquel siniestro.
La sentencia reconoció que el sitio incumple la NOM -083-SEMARNAT -2003 y ordenó al Ayuntamiento reconocer su falta de idoneidad, presentar un plan de clausura, posclausura y monitoreo ambiental, remediar integralmente los daños y desarrollar un nuevo sitio de disposición final en un plazo máximo de 12 meses.
El propio Ayuntamiento reconoció en su Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, en julio de 2025, que el sitio no cumple con la normatividad ambiental y enfrenta procedimientos administrativos ante la PAOT.
En el pronunciamiento el Frente Ciudadano destacó “las autoridades conocían el problema mucho antes de que un juez tuviera que intervenir”.
Sin embargo, en lugar de concentrar sus esfuerzos en resolverlo, el gobierno municipal interpuso recursos de revisión contra las resoluciones judiciales relacionadas con el tiradero.
En julio de 2025 el Ayuntamiento confirmó públicamente que había impugnado los fallos.
En septiembre de ese mismo año, un nuevo incendio volvió a poner en evidencia las condiciones de riesgo del sitio. En ese momento, la propia Dirección de Medio Ambiente reconoció que no existían avances para desarrollar un nuevo espacio de disposición final y que la prioridad de la administración era reducir los residuos que llegaban al tiradero actual, externó el Frente Ciudadano en su documento.
“No podemos aceptar que la ciudad se convierta en un producto de consumo mientras sus problemas ambientales se acumulan fuera de la vista de los visitantes”.
El FRECIMIR exigió transparencia sobre el cumplimiento de la sentencia. Que el ayuntamiento informe públicamente que acciones ha realizado, que obligaciones ha atendido y cual es el estado procesal del recurso de revisión.
También una solución real para la disposición final. Que presente el proyecto técnico y ejecutivo de un nuevo sitio que cumpla con la NOM-083-SEMARNAT-2003, sin seguir prolongando la dependencia al tiradero actual.
Que se atiendan las afectaciones documentadas y se garantice el monitoreo de lixiviados, biogás y posibles impactos sobre el suelo y el agua.
Que se transparenten los residuos generados, el consumo de recursos, la capacidad de servicios públicos y los costos ambientales de cada festival. La autorización de estos eventos debe considerar los límites de carga del territorio, entre otros.
Finalmente, señalan que las autoridades federales y estatales tampoco pueden permanecer al margen. La vigilancia ambiental, la verificación del cumplimiento normativo y el seguimiento de las obligaciones establecidas judicialmente son responsabilidades que deben ejercerse.
Guanajuato no necesita convertirse en un parque temático para visitantes. Es una ciudad habitada, con ecosistemas, patrimonio, comunidades y recursos naturales que no son infinitos, termina el pronunciamiento.
