*Y a la bancada panista que comprometió su voto para que no fuera removido
La postura oficial del OCDG
El Observatorio Ciudadano de Guanajuato, (OCDG), que coordina Guillermo Siliceo Fernández fijó su postura respecto al accidente automovilístico en el que se vio involucrada la esposa del Contralor Municipal de la capital, Laura Vázquez Hernández, empleada de uno de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación quien utilizó un vehículo oficial asignado a Pedro Pablo Cardona, cuya camioneta fue utilizada indebidamente para uso personal en horario fuera de trabajo.
En un desplegado publicado en su red social, concluyó que, para efectos prácticos, el gobierno del municipio de Guanajuato se quedó sin contralor municipal, aunque oficialmente la mayoría del ayuntamiento capitalino le dio el espaldarazo al igual que el primer munícipe, Alejandro Navarro, a quien le deberá la chamba porque no fue removido para investigar un escándalo de la actual administración municipal.
“Cardona le debe el cargo al presidente municipal por su respaldo y está en deuda con el grupo mayoritario oficialista que comprometió su voto para que no fuera removido. Ahora tendrá que regresar el favor en algún momento crítico”, refirió la postura publicada hoy.
Y agrega textual “la decidida defensa del Contralor realizada por el alcalde y su grupo se debe al temor de vulnerar el sistema de impunidad que han construido desde el poder para extraer recursos gubernamentales para usos privados, especialmente para el sostenimiento de costosas campañas políticas que involucran la compra de votos y la clientilizaciónad en zonas deprimidas del municipio”.
Advierte que “hoy las arcas municipales están abiertas, nadie las resguarda. Es el desgobierno a plenitud”.
De igual forma, de entrada, recuerda los hechos registrados el pasado 24 de marzo donde la servidora pública sufrió una aparatosa volcadura de la cual dieron conocimiento algunos medios de comunicación locales, y cuya camioneta resultó en pérdida total.
Refiere que después, el día 30 de marzo, en sesión de Cabildo local fue sometido a consideración este vergonzoso tema y al ponerse en la mesa dos propuestas, una de las cuales era separar del cargo al funcionario municipal, en tanto se desahogaba la investigación a fin de evitar colisión de intereses, se optó por la mayoría panista por solamente enviar el asunto a la Comisión de Fiscalización para su investigación.
El OCDG consideró que las leyes y el reglamento son omisos ante el caso de que el investigado para fincarle responsabilidades sea el propio contralor, el encargado de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, entre otros, los vehículos oficiales.
Al continuar al cargo en la Contraloría, “se distorsiona el proceso a causa del conflicto de interés al que quedó expuesto el Contralor. ¿Quién vigila al vigilante?”, se preguntan los integrantes de la Organización Civil.
Para finalizar, refieren que desde el momento en que se conocieron los hechos, el alcalde Alejandro Navarro intentó desesperadamente minimizar la situación, con el fin de mantener en el cargo al contralor.
“La mayoría oficialista del ayuntamiento respaldo imprudentemente al contralor para sostenerlo en el puesto”, concluye el documento del Observatorio Ciudadano de Guanajuato.