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*La señalada árbitra electoral, a favor de que se investigue a fondo
Bajo la lupa Guadalupe Tadei. Exigen su cese.
Tras la acusación de que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Tadei al parecer colabora con una empresa proveedora del organismo electoral que habría recibido contratos millonarios y que por ello es investigada por presuntos vínculos con el crimen organizado, la funcionaria aseguró que colaborarán con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para ir al fondo de la investigación.
De acuerdo con una investigación de los periodistas Erika Hernández y Rolando Herrera, publicada en Reforma, desde 2023 el chofer de Taddei ha sido apoderado para pleitos y cobranzas de Corportativo Zeg, una compañía que suministraba materiales al INE y que es indagada por vínculos con el crimen organizado.
Hoy sábado el propio INE compartió un comunicado donde refiere que la Presidencia del Consejo General reconoce que un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan.
El INE está bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades en los contratos de materiales electorales y Guadalupe Tadei es el centro de la polémica por presuntos vínculos de su chofer con una empresa proveedora e investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Corporativo Zeg por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Este escándalo ya escaló y hay voces que exigen la renuncia inmediata de la consejera presidenta del INE en México.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación informó que inició una investigación de oficio. El INE dijo que la Presidencia la recibe con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto. El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes.
La Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso. Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes. Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley.
Como parte de las medidas adoptadas oportunamente, y en ejercicio de las atribuciones que la ley confiere, se realizaron en tiempo y forma los relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del Instituto, afirmó el INE.
Con las debidas reservas de ley, y en respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, la Presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares. Toda la información correspondiente está y estará a disposición de las autoridades competentes.
