Los desaparecidos; no es una política de estado
El gobierno federal niega que, en el grave problema de los desaparecidos, sea porque el mismo estado se dedica a desaparecer a ciudadanos, lo que es creíble, aunque si se presume que ha habido casos en que el gobierno ha tenido que ver, como en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Igual se presume que ha habido decenas, sino es que cientos de casos, en que, en las desapariciones de personas, han tenido que ver funcionarios de gobierno. Principalmente elementos de las policías municipales e incluso estatales, como fue recientemente en la desaparición de 10 jóvenes que habían viajado a Puerto Escondido, Oaxaca, a finales de febrero pasado. Días después nueve de los secuestrados fueron encontrados asesinados dentro de un vehículo cerca de los límites de Oaxaca con Puebla.
El 24 de marzo, se detuvo a un elemento de la policía judicial del estado de Oaxaca y a un agente del ministerio público del mismo estado, los que estaban asignados a Huatulco, en donde se encontraron 25 cámaras de video vigilancia que no eran del sistema de seguridad pública, sino de la delincuencia organizada. Se comprobó que los jóvenes fueron asesinados con disparos del arma de cargo del policía detenido.
El asunto del que se escribe es un caso muy grave; de policías delincuentes, de servidores públicos convertidos en asesinos, asunto que tendría que investigarse a profundidad, para verificar si no hay más elementos de la fiscalía de aquel estado en cuestiones delictivas.
En el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán Jalisco, se han detenido a tres personas que trabajaban como policías en el municipio de Tala, municipio que limita con Teuchitlán; los ahora presos, siendo policías municipales, entregaban a personas que secuestraban, a gente del crimen organizado, para lo que usaban vehículos de la misma policía preventiva de Tala.
Bien se puede presumir, no descartar, que, en el estado de Guanajuato, se hayan dado situaciones parecidas, de policías que trabajan o trabajaban para el crimen organizado. Por ejemplo, en el municipio de Celaya el nuevo gobierno municipal detectó que había mil 400 cámaras de video vigilancia ilegales, incluso en la misma presidencia municipal había cámaras, que pertenecían al crimen organizado.
Es absurdo que el anterior gobierno municipal de Celaya no se supiera de esa situación; incluso que no lo supieran elementos de la fiscalía del estado, la que con Carlos Zamarripa Aguirre al frente, se está demostrando que fue absurda y sospechosamente ineficiente, al igual de la delegación de la Fiscalía General de la República.
En el estado de Guanajuato, en el sexenio de Miguel Márquez Márquez, este negaba que en el estado existiera el problema de desaparición de personas, lo que no se pudo seguir negando, por las decenas de fosas clandestinas que se han ido descubriendo. Impensable que ese grave problema no lo conocieran las policías, sobre todo las municipales.
En una conferencia que dio en días pasados la diputada local del PRI, Ruth Tiscareño, criticó que el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum diga que no es una política de estado desaparecer personas. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se respondió a la ONU, la señala que en México la desaparición de personas es generalizada y sistemática, que: “el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de estado.”
No se descarta que elementos de la policía federal, de la guardia nacional e incluso del mismo Ejército Mexicano lleguen a participar en desapariciones forzadas de personas, pero que sea una política de estado parece increíble, lo que, si llegó a suceder en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando la llamada guerra sucia, llegándose a desaparecer a más de mil 500 personas, sobre todo guerrilleros y militantes de izquierda.
Necesaria una auditoría a Zamarripa Aguirre
Con el asunto de la auto gratificación que se otorgó Carlos Zamarripa Aguirre, al dejar la fiscalía general del estado, por el concepto de “fidelidad”, y en el contexto del cambio significativo en el combate a la delincuencia organizada, lo que ha causado una disminución notoria en el número de asesinatos, se tendría que explicar porque tuvo un desempeño tan deficiente la fiscalía durante el tiempo que ocupó la titularidad de esa institución.
En unos cuantos meses en el estado de Guanajuato, el número de asesinatos ha tenido una disminución increíble; la semana pasada hubo un día en que no se registraron asesinatos en todo el estado, y una semana completa sin asesinatos en el municipio de Celaya.
El ex procurador de justicia del estado, Juan Miguel Alcántara Soria, cuestionó la auto gratificación que se otorgó Carlos Zamarripa, de casi cuatro millones de pesos, señalando que debe de intervenir la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, pues incluso el ex fiscal podría haber caído en una conducta delictiva.
En ese contexto el ex procurador, está más cerca de la postura de los diputados locales de MORENA, he incluso va más allá de lo que estos proponen, que es eliminar del reglamento de la fiscalía el tipo de gratificaciones que se auto otorgó Zamarripa y algunos de sus allegados, que, de los diputados panistas, partido del que es militante.
Los diputados del PAN en el congreso local, no aceptaron el punto de acuerdo para que se eliminaran del reglamento interior de la fiscalía, el que se puedan otorgar beneficios de manera discrecional como lo hizo Zamarripa, por lo que el punto de acuerdo fue enviado a comisiones para su estudio y análisis.
Lo que es un hecho es que los diputados panistas siguen defendiendo al ex fiscal; postura que apoyaría también la gobernadora Libia Dennise García y el nuevo fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, quienes se escudaron señalando que no sabía del asunto.
Alcántara Soria, meses atrás llegó a declarar que una vez que dejaran sus cargos tanto el fiscal Carlos Zamarripa como el secretario de seguridad pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, deberían de ser auditadas las instituciones que encabezaron, por el estado de inseguridad pública con que dejarían a la entidad.
Ante los cambios notables en el tema de la inseguridad, cierto que es hasta sospechosa la ineficiencia de los mencionados, en lo que incluso tendría que ver el propio exgobernador Diego Rodríguez Vallejo, quien se negó a que hubiera colaboración con el gobierno federal para combatir la impunidad y los altos índices de criminalidad.
La Gacela, Samanta, la defensa por la Sierra de Santa Rosa
En la semana que acaba de pasar escaló el problema del cierre del camino Los Mexicanos, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, al no cumplirse con la promesa de que el camino quedaría abierto al tránsito de peatones y gente que va a hacer ejercicio a ese lugar.
Por lo que se organizó una manifestación encabezada por la atleta olímpica Laura Galván, el pasado jueves, en la que participaron ambientalistas y gente interesada en la protección de la ciudad y su entorno natural; la manifestación fue muy espontánea, pareció legitima, aunque hubo quien pretendió descalificarla por que participó Jesús Ramírez Garibay, dirigente de MORENA en el estado.
Al día siguiente de la manifestación la alcaldesa Samantha Smith y parte de su equipo, así como funcionarios de gobierno del estado recibieron a un grupo de los manifestantes, entre estas personas Laura Galván, Azucena Rodríguez, también atleta reconocida, y algunos ambientalistas, como el doctor Jorge Cervantes Jáuregui, y Gustavo Lozano, así como la ex regidora Paloma Robles Lacayo.
La reunión no fue totalmente positiva, se hicieron promesas por parte de la autoridad, la alcaldesa enfatizó que era la más interesada en proteger la Sierra de Santa Rosa y el camino Los Mexicanos, el que reconoció es de servidumbre y legalmente no puede cerrarse al paso de la gente. Lo que señaló reconociendo el trabajo que hizo sobre ese camino Jorge Cervantes Jáuregui, quien tiene pruebas documentales que el camino se hizo con recursos públicos y por un proyecto del ingeniero Ponciano Aguilar, hace más de 130 años.
Se aclaró que el gobierno del estado no tiene competencia para otorgar permisos para cerrar el camino y cercar el predio de más de 300 hectáreas propiedad de la familia Weeb Murra, la que adquirió el predio en 2024; quien tendría que otorgar los permisos es el gobierno federal.
En ese contexto Gustavo Lozano insistió en porque el gobierno municipal no ha presentado la denuncia correspondiente ante la autoridad federal; lo que no se le contestó, señalado que se procederá legalmente y que en un plazo de diez días hábiles se deberán de retirar las puertas que impiden el paso al camino Los Mexicanos.
Por cierto, que la alcaldesa criticó que en la manifestación se hayan gritado groserías; cierto que en la manifestación hubo mentadas de madre y consignas ingeniosas, como la que dice: Samantha decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma ratería.
En fin, Samantha promete que cumplirá con su palabra; aunque hay quien no cree tan fácilmente, y que se seguirá buscando hacer negocio con la Sierra de Santa Rosa, en el mismo predio de la familia Webb Murra, la que no tiene antecedentes de cuidado al medio ambiente, sino todo lo contrario pues uno de sus negocios es la minería, la explotación minera, a través de la empresa conocida como La Cantera. Por eso hay quien cree que más bien lo que pretende la alcaldesa y su esposo Alejandro Navarro es participar en los negocios de los Weeb.
Lo que sucede en el terreno de los Weeb Murra, se complica, pues se reportó que este mismo domingo en el terreno se han empezado a hacer zanjas, sin autorización alguna, por lo que hará más difícil llegar a arreglos entre el gobierno municipal y los propietarios del predio, el que por cierto se extiende hasta parte del Área Natural Protegida conocida como Las Palomas.
Ricardo Sheffield y Malú Mícher una larga enemistad
El reciente desencuentro entre la senadora Malú Micher Camarena y Ricardo Sheffield Padilla en realidad tiene una larga historia, desde que fueron diputados locales, se recuerda que llegaron a tener enfrentamientos desde tribuna.
En la LVII legislatura local, 1997-2000, fueron compañeros de diputación, Malú Micher legisladora por el PRD y Ricardo Sheffield por el PAN. Se recuerda que no se llevaban bien, no recuerdo si Malú le llegó a decir a Sheffield desde la tribuna payasito de la tele.
Y sí, en el pasado, hace muchos años, cuando funcionaba el canal 10, un canal que trasmitía desde la ciudad de León, en blanco y negro, cuentan que llegó a aparecer como payasito el ahora senador.
Era el payaso Cascarita, se entiende que era un payaso tranquilo, buena onda, no como es actualmente el senador de MORENA, quien es conocido por sus arrebatos de enojo, de ira; eso lo saben muchos periodistas, lo que, en política, como en la vida, puede ser una característica muy negativa.
Se le da fácil el regañar a Ricardo, lo que sus enemigos muy bien pueden explotar, como sería el caso del también senador Emmanuel Reyes Carmona, quien aprovechó el exabrupto de Sheffield para ningunearlo y ganar puntos a su favor.
El senador y ex alcalde de León, le grito a la senadora Malú, en el senado, de lo que muchos se dieron cuenta, cuando se llevaba a cabo la votación para elegir a los candidatos a magistrados electorales.
Ricardo la regó, en eso hay coincidencia entre los MORENISTAS; hay quien dice en corto, que en realidad Sheffield siempre se ha comportado como panista, como si fuera una especie de jefe Diego en miniatura. En fin, siempre se puede aprender. No es totalmente cierto aquel refrán que afirma que: chango viejo no aprende maroma nueva. Además, si el senador en su juventud fue payaso, bien puede recordar reír y no enojarse.
Los guanajuatenses distinguidos: Luz María Pons Liceaga, El Flaco Arias Espinoza y Manuel Leal Guerrero
Pasó el Viernes de Dolores, la tradicional fiesta de las flores, una de las fiestas populares más guanajuatenses, la que es cierto que ha ido cambiando; los políticos han ganado espacios no solo mediáticos sino en el mismo Jardín de la Unión, para regalar flores, paletas, aguas frescas y obviamente promover su imagen.
En la sesión solemne de ayuntamiento que este año se realizó en el Teatro Juárez, hubo una asistencia importante de guanajuatenses, sobre todo de la llamada clase política.
Se reconoció a Luz María Pons Liceaga, famosa en Guanajuato, por su trabajo como tránsito en los años 70 y 80 del siglo pasado, una adelantada, fue la primer mujer tránsito en el estado; el Flaco Arias, Joaquín Arias Espinoza, quien sin reconocimiento ya era un guanajuatense distinguido y post morten Manuel Leal Guerrero, cronista de la ciudad, artista guanajuatense, quien dejó un legado imprescindible tanto por sus pinturas costumbristas como por sus relatos.
Este año la ceremonia de entrega de los reconocimientos a los guanajuatenses distinguidos fue muy acertada e incluso amena, la presencia de la gobernadora Libia Dennis García, quien busca darle su lugar a Guanajuato capital igual fue acertada.