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*Inscripción será obligatoria y se mantendrá hasta 10 años tras cumplir condena
Mayor protección a infancias y adolescencias.
Fueron aprobadas las reformas al Código Penal Estatal con el que se crea el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
Con estos cambios, se establece de manera clara que la reparación del daño moral no exime a las personas sentenciadas de ser inscritas en dicho registro.
Asimismo, se dispone que el juez deberá ordenar, de manera obligatoria, la inscripción en este padrón cuando exista sentencia firme por delitos como feminicidio; trata de personas menores de 18 años; abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes; acoso y hostigamiento sexual en agravio de menores; afectación a la intimidad; captación y tráfico de menores; corrupción de menores e incapaces; explotación sexual y lenocinio.
La inscripción se realizará una vez que la sentencia haya quedado firme y el registro permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la pena de prisión. Incluso, aplicará en los casos en que la pena sea sustituida o suspendida conforme a la ley. Además, se mantendrá por un periodo adicional de diez años a partir de que la persona sentenciada obtenga su libertad.
Por otra parte, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se establece que será esta institución la encargada de administrar y operar el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
En la pasada sesión ordinaria del Congreso de Guanajuato fue aprobado el dictamen por mayoría de votos.
Antes, la diputada Susana Bermúdez Cano subió a la Tribuna Parlamentaria para manifestar que durante el proceso legislativo de esta iniciativa se partió de diversas premisas como es el tema de reconocer que hay antecedentes que colocan a la propuesta con un test desde la proporcionalidad de la pena hasta su constitucionalidad; el tema de si realmente era la ponderación de derechos viable o no, y todos coincidieron en que un registro de agresores sexuales es positivo.
Precisó que este dictamen trascenderá de manera directa en la vida de las víctimas de delitos sexuales y de sus familias, porque la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es una de las que más lesiona, y afecta no solo el tejido social, sino atenta de manera grave e irreparablemente la integridad de las personas.
Profundizó sobre la duda intensa de la proporcionalidad y comentó que existe una fórmula y se contempla en el dictamen, con la cual se otorgan valores a los derechos para poder determinar si es o no es de verdad un derecho para restringir, lo anterior en cuanto a los derechos del sentenciado, su derecho a la protección de datos, el derecho a la reinserción social contra los derechos de la víctima.
Afirmó que la medida resulta idónea y legislativamente necesaria porque no existen medidas alternativas para lograr dicho fin, y la medida es compatible con los principios de reinserción social y de no ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya que el registro permitirá consolidar el sistema, fortalecer la reinserción social, a fin de prevenir la comisión de delitos sexuales mediante intervenciones especializadas dirigidas a personas sentenciadas por ese tipo de delitos con el fin de reducir el riesgo de reincidencia.
Por su parte, Rolando Fortino Alcántar Rojas externó la necesidad de crear un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, al agregar que este constituye el eje rector de una política de Estado que pone en el centro el interés superior de la niñez y el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Precisó que el diseño normativo propuesto para Guanajuato difiere significativamente del de la Ciudad de México, previamente invalidado por la Suprema Corte, al no establecer reglas procesales fuera de la competencia local ni exceder plazos de permanencia injustificados.
El diputado local subrayó que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte reconocieron que este tipo de registros persiguen un fin constitucionalmente válido y son un medio idóneo para combatir la violencia sexual, además de que la medida sirve como un instrumento preventivo y disuasivo que permite a la sociedad y a las autoridades identificar a sentenciados por delitos sexuales, garantizando la debida diligencia y una protección reforzada para las infancias.
Finalmente, Karol Jared González Márquez remarcó que no pueden ser indiferentes con esta iniciativa, porque no es un tema jurídico meramente, sino un tema de humanidad y de dignidad; es decirle a cada niña y a cada niño: te veo, te creo y te voy a defender.
