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*El organismo operador tiene años cobrando cuotas sin que habitantes tengan los servicios
Hay comunidades que no tienen servicio de drenaje.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG), deberá remitir un informe técnico, documental, verificable y desagregado respecto de las comunidades rurales que no cuentan con servicio público de drenaje, alcantarillado sanitario o red pública de conducción de aguas residuales.
Esto fue propuesto por la diputada Miriam Reyes Carmona quien presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Guanajuato, para que a través del organismo operador emita al Congreso Local dicho informe.
Lo anterior es porque la misma alcaldesa de la capital, aceptó que el SIMAPAG ha estado cobrando en el recibo del suministro del vital líquido, los servicios de drenaje, pero que nunca han tenido al menos tres localidades rurales de este municipio.
El pasado 24 de junio, el regidor morenista Julio César García denunció públicamente que habitantes de las comunidades de Cajones, Agua Zarca y Tacubaya pagan por servicios que no reciben por no contar con red de drenaje público.
En el documento se señala que el acceso al drenaje y al saneamiento constituye un elemento indispensable para garantizar el derecho humano al agua, a la salud y a un medio ambiente sano, por lo que se considera necesario contar con información precisa que permita dimensionar el rezago existente en las comunidades rurales.
Y es que se pretende pedir que el organismo operador remita un informe técnico, documental, verificable y desagregado que identifique las comunidades que no cuentan con servicio público de drenaje, alcantarillado sanitario o red pública para la conducción de aguas residuales.
Asimismo, se plantea que se detalle el número de viviendas y habitantes afectados, las condiciones actuales del servicio, los proyectos ejecutados y programados, así como las acciones previstas para atender dichas necesidades.
Finalmente se destaca que disponer de información clara permitirá fortalecer la planeación de políticas públicas e impulsar inversiones que contribuyan a reducir las brechas de infraestructura básica en las zonas rurales del municipio.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.
