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*Finalmente aprueban enviar exhorto para que haya transparencia en el próximo nombramiento
Fuerte debate de las Bancadas Parlamentarias.
En la sesión plenaria de hoy jueves en el Congreso del Estado de Guanajuato, hubo un fuerte agarrón entre representantes populares de Acción Nacional y la Bancada de Morena. El tema: la designación de la nueva titular del Instituto Nacional Electoral.
Varias fueron las intervenciones en la Tribuna Parlamentaria, para acusarse mutuamente de los problemas de corrupción que salieron a la luz pública durante la estadía de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, y que Morena afirma que se debe investigar incluso a las anteriores gestiones del organismo electoral.
Los y las legisladoras de Acción Nacional, junto con los priístas, cuestionaron que los morenistas se quieren desmarcar de la ex funcionaria electoral, cuando ella fue designada por los parlamentarios del grupo mayoritario en el Congreso Federal, además de señalarla como morenista.
Agregaron que los guindas buscan irse a la historia, y en tono de burla, Erandi Bermúdez Méndez se dirigió a los morenistas como “ternuritas” y agregó que a ellos “deberían ir contra Hernán Cortés y contra Lorenzo Córdova”, ya que la lectura del gobierno federal y de la dirigencia nacional de Morena es que la corrupción se ha dado desde los gobiernos neoliberales en el Instituto Nacional Electoral, incluso cuando era IFE.
Como se tiene conocimiento la acusación contra Guadalupe Taddei es que estuvo involucrada en presuntos contratos irregulares en beneficio de diversas empresas.
Al final de cuentas, el Pleno del Congreso del Estado aprobó enviar un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a su Junta de Coordinación Política, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Comité Técnico de Evaluación, una vez integrado, para garantizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, un procedimiento abierto y transparente para la designación de la persona titular de la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
En particular, se solicita al Comité que haga públicas las razones que sustenten la idoneidad de cada persona incluida.
De igual manera, al Congreso de la Unión para que dictamine con prontitud las iniciativas dirigidas a revertir la concentración de atribuciones administrativas en la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral derivada de las reformas impulsadas por Morena.
El propósito es restituir al Consejo General la decisión colegiada en los asuntos administrativos y reforzar los mecanismos de supervisión, control y rendición de cuentas.
Además, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que publique la información sobre las contrataciones de boletas, documentación y materiales electorales, credenciales para votar y demás insumos vinculados con el proceso electoral de 2027, desde la planeación de las contrataciones, incluida la investigación de mercado, hasta la conclusión de la ejecución contractual, comprendidos el procedimiento de contratación, la adjudicación, la formalización de los contratos y la verificación de su cumplimiento, conforme a la normativa aplicable.
Y, finalmente, se exhorta igualmente al Órgano Interno de Control para que, con respeto a su autonomía técnica y de gestión, verifique la aplicación de los mecanismos de identificación, declaración y excusa por conflictos de interés en las áreas responsables de las contrataciones y promueva las medidas preventivas que correspondan.
El exhorto tiene su origen en un punto de acuerdo de obvia resolución formulado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la congresista Luz Itzel Mendo González.
En el documento se señala que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la Presidencia del Consejo General, comunicada el 26 de octubre de 2026, obliga a realizar su sustitución en el menor plazo posible, particularmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.
La propuesta señala que la transparencia en la designación de la Presidencia y en el ejercicio de las atribuciones administrativas del INE resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana, garantizar la autonomía institucional y asegurar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a la organización de los próximos comicios.
Al hablar en contra de la obvia resolución del punto de acuerdo, la diputada María Eugenia García Oliveros habló en contra y señaló con firmeza que en el movimiento y en el proyecto actual no se protege a corruptos ni a farsantes, y agregó que las irregularidades y los actos de corrupción del pasado también son investigados.
Cuestionó la postura de la oposición respecto a la exigencia de imparcialidad y transparencia en los procesos electorales e institucionales, reprochando que no manifestaran la misma preocupación en administraciones anteriores cuando se otorgaban altos porcentajes de adjudicaciones directas por parte del Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, apuntó que la transparencia y la rendición de cuentas han sido una preocupación histórica de la izquierda en México y recordó que el propio INE ya ha establecido lineamientos para la contratación de proveedores, reiterando la disposición de respaldar procesos transparentes y apegados a la legalidad.
El diputado de Morena, Antonio Chaurand Sorzano señaló que la transparencia electoral, la rendición de cuentas y la autonomía institucional son pilares indispensables para la democracia, pero que la propuesta presentada resulta improcedente por pretender eludir el debate parlamentario y mezclar en un solo punto de acuerdo tres aspectos diferentes que corresponden a ámbitos, instituciones y procedimientos federales distintos.
Explicó que la designación de la presidencia del INE es una responsabilidad de la Cámara de Diputados federal, donde este Congreso no puede sustituir la voluntad ni conducir la agenda legislativa del Poder Legislativo de la Unión en torno a su organización administrativa; y que las supuestas irregularidades en contrataciones deben investigarse y probarse ante las autoridades competentes mediante denuncias formales.
El legislador panista Aldo Iván Márquez Becerra manifestó que se está ante una de las crisis institucionales más graves que enfrenta la democracia en México. Indicó que levantan la voz en contra del intento de captura, manipulación y corrupción del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del Partido Morena.
Remarcó que la autonomía del INE no es una concesión graciosa de ningún gobierno, sino una conquista ciudadana forjada durante décadas para garantizar elecciones libres, imparciales y bajo el principio de máxima publicidad.
En ese sentido, comentó que se formulan tres exigencias centrales: que el Comité Técnico de Evaluación garantice un proceso verdaderamente abierto, con criterios estrictos, observadores ciudadanos, máxima publicidad y la publicación de las razones técnicas que acrediten la absoluta independencia partidista de quienes aspiren a integrar la presidencia del Instituto Nacional Electoral.
Que el Congreso de la Unión dictamine de inmediato las iniciativas orientadas a revertir las facultades extraordinarias de la presidencia del organismo electoral y que el propio Instituto publique de manera íntegra y verificable cada investigación de mercado y contrato vinculado con las credenciales y los materiales electorales de cara a los comicios, bajo la estricta vigilancia preventiva de su órgano interno de control.
Por su parte, el priísta Alejandro Arias Ávila señaló que se han hecho diversos ajustes al discurso del grupo en el poder para no aceptar que fue su responsabilidad la designación de Taddei, llegando hasta señalar que la corrupción del INE viene desde su creación. Concluyó al precisar que cuando hay una derrota lo que se busca es al final dejar manchado a los demás.
Su compañera de Bancada, Ruth Tiscareño Agoitia dijo que la Cámara de Diputados federal sigue sin emitir la convocatoria para elegir a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), y acusó que se pretende utilizar la mayoría parlamentaria para imponer reglas y mantener el control sobre los procesos electorales.
Agregó que el sistema político mexicano atraviesa una profunda crisis de confianza ciudadana y criticó la falta de respuestas institucionales ante diversas problemáticas y escándalos recientes, además de enfatizar que México requiere una convocatoria abierta para elegir una titularidad con perfil técnico, profesional y honesto que garantice la autonomía y la transparencia electoral.
En rectificación de hechos hicieron uso de la voz Ernesto Millán Soberanes, David Martínez Mendizábal y Hades Berenice Aguilar Castillo para dar una recopilación de cómo llegó al poder la funcionaria Taddei, y resaltaron que estaban a favor de que se le investigue.
La obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
Al hablar a favor de la propuesta, José Erandi Bermúdez Méndez cuestionó la selección de perfiles en el organismo electoral aludiendo a declaraciones sobre los procesos de insaculación y criticó la actuación de diversas figuras políticas a lo largo de los años, mencionando episodios y personajes del escenario nacional para ilustrar lo que calificó como incongruencias institucionales.
Reprochó el manejo político y administrativo de las instituciones en los últimos años, afirmando que las críticas formuladas en el pasado contra administraciones anteriores han sido superadas por las prácticas del actual gobierno federal.
Finalmente, exigió congruencia en la defensa de la legalidad, la transparencia y la autonomía institucional, y advirtió sobre el impacto histórico que las decisiones actuales tendrán en el futuro del país.
El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.
