*También que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción termine investigación
*La acusación es contra Juan Carlos Delgado Zárate y Navarro, por probable tráfico de influencias
El Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso Local, presentó una propuesta para enviar un exhorto a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato para que dicte una resolución en la que ordene la clausura del fraccionamiento La Cucursola que se ubica en la sierra de Santa Rosa, municipio de Guanajuato, además de que se repare el daño al medio ambiente de esta zona.
De igual forma la propuesta incluye que el Congreso instruya un estudio de afectación ambiental para garantizar la remediación de las afectaciones; a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que finalice la investigación y, en su caso, lleve a cabo las acciones de responsabilidad penal correspondientes a la carpeta de investigación 16328/2023; así también para que colaboren con el objeto de procurar justicia ambiental.
Este proyecto es propiedad del ex-Diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN) y ex-Subsecretario de Turismo del actual Gobierno del Estado de Guanajuato Sergio Fernando Ascencio Barba a través de la sociedad mercantil Loma de Irapuato S.A. De C.V., refirió el diputado Ernesto Millán Soberanes, al subir a la Tribuna Legislativa durante la sesión ordinaria celebrada este jueves.
De una revisión a las licencias, permisos y autorizaciones otorgadas al fraccionamiento La Cucursola se puede observar nítidamente que las autoridades municipales en materia ambiental y de desarrollo urbano no sólo han sido complacientes, sino que han pervertido la aplicación de ley para ayudarle a Ascencio Barba y a su empresa a imponerse por sobre el interés general de la sociedad y su derecho humano al medio ambiente sano puntualizó.
En su momento, agregó, la organización Acción Colectiva Socio ambiental y del Movimiento Colibríes de Guanajuato dieron a conocer a la opinión pública y a los habitantes de varias comunidades serranas aledañas al fraccionamiento, sobre los impactos sociales, ambientales e hídricos de ese proyecto, así como la ausencia de los necesarios permisos federales y estatales para su legal desarrollo.
Integrantes de Acción Colectiva Socio Ambiental y Movimiento Colibríes
El legislador local dijo que en medio de una crisis hídrica y ambiental sin precedentes que vivimos tanto en el Estado de Guanajuato como su capital, la destrucción de bosques y ecosistemas para la construcción de proyectos inmobiliarios ilegales e indebidamente autorizados sigue prevaleciendo.
Así, las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida se ven vulneradas debido a que las autoridades municipales y estatales encargadas de realizar una adecuada gestión ambiental, no han tenido la voluntad de impedir ni frenar los proyectos inmobiliarios ilegales, aseveró.
Ernesto Millán Soberanes
Ernesto Millán Soberanes afirmo “es importante resaltar que, extrañamente, las licencias, permisos y autorizaciones referidas involucran a dos direcciones municipales distintas, aunque los oficios que las contienen fueron suscritos únicamente por Juan Carlos Delgado Zárate y no por las o los funcionarios que en ese momento se encontraban al frente de las direcciones respectivas.
Además, sobre la autorización de impacto ambiental del 22 de agosto de 2019, es necesario advertir que la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (en adelante DGMAOT) del municipio de Guanajuato no es la autoridad competente para evaluar el impacto ambiental de los proyectos que, como en el caso, se ubican fuera de Centro de Población del municipio de Guanajuato.
Es decir, la competencia para realizar evaluaciones del impacto ambiental de obras o actividades que pretendan ubicarse, en términos amplios, en la zona rural o no urbana de los municipios de Guanajuato es del ámbito estatal, no municipal, aclaró.
La venta de terrenos en la Cucursola
El parlamentario enfatizó “la tolerancia, la negligencia y la corrupción de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (en adelante SMAOT) y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (en adelante PAOT) son evidentes y sólo pueden leerse como una declinación de sus responsabilidades en materia de protección y garantía del derecho al medio ambiente sano”.
De igual forma recordó que, en su momento, los habitantes de las comunidades serranas de la capital como Santa Rosa de Lima, Puerto de Santa Rosa, Monte de San Nicolás y Las Flores, siempre rechazaron dicho fraccionamiento por las afectaciones que tiene para los propios residentes en el tema del abasto de agua potable, daño al medio ambiente, entre otros.
Delgado Zárate y Navarro, denunciados por posible tráfico de influencias
Millán Soberanes señaló “pese a no contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental de la SMAOT, así como de la oposición pública al proyecto por parte de las y los habitantes de las comunidades, el 30 de septiembre de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato un permiso de venta para el fraccionamiento La Cucursola otorgado por el mismo Delgado Zárate, entonces titular de la DGMAOT y actual titular del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato capital”.
Ante esta situación, el 14 de octubre del 2022, la organización Acción Colectiva Socioambiental presentó una denuncia popular ante la PAOT por la realización de obras y actividades relacionadas con el proyecto inmobiliario de La Cucursola sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental dictada por la SMAOT, conductas que han producido desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales y que contravienen las disposiciones jurídicas de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato (LPPAEG).
Cuando fue bendecido el fraccionamiento
Igualmente, el 9 de febrero de 2023, la misma organización presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por hechos probablemente delictivos, cometidos en agravio de la sociedad, la administración pública, la procuración y administración de justicia y el medio ambiente.
Esta denuncia fue en contra de La sociedad mercantil Loma De Irapuato, S.A. De C.V. y su administrador Sergio Fernando Ascencio Barba; Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente del municipio de Guanajuato; y Juan Carlos Delgado Zárate, titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio de Guanajuato.
Lo anterior por los probables delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, afectación al ordenamiento territorial, fraude procesal y contra la gestión ambiental, dando lugar a la Carpeta de Investigación 16328/2023.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para que sea analizado y posteriormente dictaminado.