*Perciben más de 85 mil pesos mensuales
*De aprobarse la reducción salarial se ahorrarían 3.5 mdp: Ernesto Millán
Los ciudadanos no combaten la corrupción en Guanajuato: Ernesto Millán
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no deben ganar más que lo establecido en el tabulador para un analista de proyectos C de la misma secretaría, porque actualmente perciben más de 85 mil pesos mensuales y son muy pobres los resultados para combatir la corrupción en el estado de Guanajuato, manifestó el diputado Ernesto Millán Soberanes. La propuesta es que cada integrante perciba 25 mil pesos mensuales.
Al presentar una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción con el objetivo de limitar la remuneración que reciben las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el legislador de Morena dijo que, si esta es aprobada, se podría ahorrar tres millones y medio de pesos.
En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso Local celebrada hoy jueves, Millán Soberanes lamentó que Katia Morales Prado, Andrea González Poak, Giovanni Apendinni Andrade, Alejandro Armando Ramírez Zamarripa y Juan López Ayala, han dejado mucho que desear porque solamente doce proyectos han realizado en tres años de su función.
Por ello, puntualizó que “es necesario reducir el pago que reciben estos integrantes del Comité, que al año estos sueldos nos cuestan a los ciudadanos cinco millones 769 mil 514 pesos”.
Estamos hablando que el Comité de Participación Ciudadana cuesta a los ciudadanos 480 mil 792 pesos, cada proyecto ciudadano que realizan, “es algo totalmente inverosímil y fuera de toda proporción al ser un comité formado únicamente por ciudadanos que se supone están preocupados por el combate a la corrupción y que al mismo tiempo reciben millones de pesos al año y tener oficinas suntuosas para no trabajar como deben hacerlo cabalmente”.
Recalcó que los trabajos que se hacen en este tipo de comités y consejos ciudadanos estatales “deben de ser trabajos realizados de manera honorifica”.
Es más, el legislador local, reprochó que estos ciudadanos “ganan más que un subsecretario de seguridad pública y tienen mucho menor responsabilidad y la realidad es que no están realizando una labor que concuerde con el salario recibido”.
Al mismo, tiempo reprochó que “al recibir un pago tan alto los integrantes de este comité dejan de ser totalmente ciudadanos y se convierten en trabajadores del gobierno del estado, dejando en entredicho la imparcialidad con la se desenvolverán en su objetividad, en la realización, estudio y análisis de los proyectos y opiniones a los que tienen la obligación según la ley en la materia”.
Durante su intervención, el legislador local afirmó que, durante los últimos tres años, el Comité ha realizado 12 proyectos, lo que significa que elabora un proyecto cada cuatro meses.
Agregó que, considerando que las y los consejeros ganan 85 mil 895 pesos mensuales, cada proyecto cuesta a Guanajuato más de 480 mil 700 pesos.
De acuerdo con la propuesta, las contraprestaciones de las y los consejeros deberán ser establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios y no podrán superar las 250 UMAS; además de que no gozarán de prestaciones, con lo que pretende garantizar la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.
“Es necesario reducir el pago que reciben los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; y así el estado y los ciudadanos puedan tener un comité 100 por ciento libre de cualquier presión política o económica que permita que la corrupción en Guanajuato vaya cediendo, disminuya y sea erradicada”, recalcó.
Dijo que se supone que los ciudadanos de este Comité no tienen afinidad a los partidos políticos o a alguna corriente ideológica.
Si se aprueba la reforma, se ahorrarían tres millones y medio de pesos, mismos que se podrían utilizar para beneficiar a más de mil 200 personas con discapacidad o incluso a cien personas de los colectivos de búsqueda con un apoyo mensual de dos mil 500 pesos, finalizó Ernesto Millán.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación.
