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*Acuden a la plaza de la Paz para realizar un mitin y envían mensaje a diputados
Rechazan la reforma. Foto: Cortesía
Decenas de personas acudieron a la Plaza de la Paz para manifestar su rechazo a la a reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, en materia de despenalización del aborto que es discutida en el Congreso Local.
Apenas el viernes pasado se generó una discusión entre personas que están a favor y quienes están en contra, cuando de analizaron tres de las iniciativas que se encuentran en espera de ser dictaminadas.
En el mitin realizado ayer domingo, las personas oradoras enviaron un mensaje a las y los legisladores que están a favor y promueven las modificaciones respectivas.
Dos días antes, se llevaron a cabo mesas de trabajo con la participación de la sociedad civil; la primera se realizó con colectivos en favor de la despenalización del aborto, la segunda con organizaciones en favor de la vida y la última con autoridades relacionadas con el tema.
Inclusive hubo pronunciamientos con la presentación de cartulinas por parte de presbíteros en el interior de la Basílica Colegiata de nuestra Señora de Guanajuato, para apoyar a los grupos Pro Vida.
La postura de la iglesia católica. Foto: Cortesía
El grupo identificado como “Resistencia Provida” en el que había mujeres y hombres, insistieron en que el Congreso Local no aprueba la reforma, que ya es Constitucional y se aplica en varios estados del país y uno de los que están pendientes es Guanajuato.
Decenas de personas participaron. Foto: Cortesía
Colectivos de mujeres en favor de la despenalización del aborto
El viernes pasado, las representantes de los colectivos mencionaron que la maternidad debe tener como base fundamental el deseo de ejercerla libre de imposiciones sobre los cuerpos de las mujeres. Revelaron la existencia de políticas institucionales que buscan minimizar la violencia de género y priorizan la criminalización de las decisiones reproductivas femeninas.
Argumentaron que la negación al acceso al aborto pone en riesgo a niñas, adolescentes y mujeres al obligarlas a continuar con embarazos no deseados, que frecuentemente son resultado de violencia sexual, exponiéndolas a procedimientos inseguros que atentan contra su vida.
Asimismo, refirieron que el porcentaje de personas que considera que el aborto debe ser un delito ha disminuido con el paso de los años. Insistieron en la necesidad de homologar la legislación de Guanajuato con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cesando la criminalización del aborto por respeto y garantía de los derechos de todas las mujeres de la entidad.
Subrayaron que hablar de justicia reproductiva implica referirse a los derechos humanos y a la garantía del libre desarrollo de la personalidad, y que las mujeres y personas gestantes tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos sin enfrentar consecuencias penales.
En su momento, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prohibición absoluta del aborto atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, así como que perpetúa estereotipos de género relativos a que las mujeres solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear, reforzando roles de género que imponen la maternidad como un destino obligatorio para todas.
Colectivos de personas a favor de la vida
En la segunda mesa de trabajo, los participantes señalaron que no se puede privilegiar el derecho de algunos sobre el derecho de otros, y mucho menos si se trata del derecho a la vida.
Hicieron una invitación a no caer en la desinformación y en las ideologías de personas que quieren hacer del aborto un negocio. Afirmaron que ninguna mujer en el estado de Guanajuato está encarcelada por abortar y que su interés es la protección de la dignidad humana y el derecho de las mujeres a no ser forzadas a abortar por presión social de terceros.
Sostuvieron que la solución a la problemática no radica en la despenalización del aborto, sino en el fortalecimiento de los apoyos integrales a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, y que obligar a los médicos a brindar información sobre el aborto como una opción vulnera la libertad de conciencia y la ética profesional de quienes se dedican a salvar vidas.
Propusieron que se establezcan sanciones contra quienes obliguen o presionen a una mujer a abortar en contra de su voluntad y contra instituciones que promuevan el aborto sin alternativas.
Solicitaron que se agilicen y simplifiquen los procesos de adopción para dar opciones a las mujeres que no quieran o puedan criar a sus hijos. También se precisó que se debería incluir en los planes de estudio enseñanza sobre el desarrollo fetal, y que el derecho a la vida no se puede restringir y contraviene principios de tratados internacionales, por lo que no existe funcionario público calificado para nulificarlo.
