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*Son constantes las fallas de luz en viviendas del estado de Guanajuato
Debe responsabilizarse la paraestatal.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe asumir su responsabilidad por las afectaciones ocasionadas a las personas usuarias y a los negocios derivadas de las fallas recurrentes del suministro y las variaciones de voltaje atribuibles a la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Lo anterior manifestó la diputada Angélica Casillas Martínez, quien en la pasada sesión de la Permanente de Guanajuato presentó una propuesta de punto de acuerdo con el objeto de hacer un exhorto a la paraestatal para que se encargue de reparar los daños provocados por los constantes cortes de luz.
Piden que la CFE fortalezca los mecanismos de atención, trámite y resolución de las reclamaciones mediante procedimientos ágiles y accesibles; y garantice la reparación integral de los daños ocasionados.
Al presentar la propuesta, Casillas Martínez señaló que, durante las últimas semanas, se han documentado interrupciones recurrentes del suministro eléctrico y variaciones de voltaje en diversas zonas del estado de Guanajuato, situación que ha generado afectaciones tanto a usuarios domésticos como a establecimientos comerciales y prestadores de servicios.
Dijo que los testimonios de comerciantes, vecinos y usuarios evidencian que estas fallas no constituyen hechos aislados, sino una problemática que se ha prolongado durante aproximadamente dos meses y que presuntamente obedece a deficiencias en el mantenimiento, modernización y capacidad de la infraestructura eléctrica operada por la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, señaló que las interrupciones del servicio y las fluctuaciones de voltaje han provocado daños en refrigeradores, equipos de cómputo, terminales de punto de venta, sistemas de audio, pantallas, reguladores, medidores eléctricos, maquinaria de trabajo y equipos médicos, además de pérdidas de mercancías perecederas, suspensión de actividades económicas, cancelación de servicios y disminución de ingresos para pequeños negocios.
Refirió que impactan de manera especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos recursos para sustituir equipos o afrontar pérdidas operativas son limitados, así como a personas en condición de vulnerabilidad que dependen del funcionamiento continuo de equipos eléctricos para atender su estado de salud.
Finalmente, sostuvo que cuando las interrupciones del suministro o las variaciones de voltaje derivan de deficiencias en la infraestructura o en su mantenimiento, pueden actualizar supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que implica la obligación de reparar los daños ocasionados a las personas usuarias.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen.
