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*Debería estar incluida en el Programa General de Fiscalización 2026: Aguilar
Arcelia María González, titular de la Secretaría de Honestidad.
Con el propósito de que se practique una auditoría integral de cumplimiento y desempeño por parte de la Auditoría Superior del Estado a la Secretaría de la Honestidad, porque esta determinó archivar el caso de Seguritech, la diputada local Berenice Aguilar Castillo formuló una propuesta de punto de acuerdo en la diputación Permanente.
De aprobarse la propuesta que será discutida al interior de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, deberá incluir el análisis de empresas subsidiarias, vinculadas, representaciones y cualquier otra estructura asociada que pudiera guardar relación con el hoy exgobernador Diego Rodríguez Vallejo.
El periodo de revisión será el ejercicio fiscal 2025 y la auditoría deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2026.
Al presentar la propuesta, Aguilar Castillo manifestó que, durante el sexenio encabezado por el entonces gobernador Diego Rodríguez Vallejo, el estado enfrentó una crisis sostenida de violencia e inseguridad, al tiempo que crecieron señalamientos públicos sobre improvisación gubernamental, falta de evaluación, y opacidad en la toma de decisiones
Guanajuato no puede seguir cargando con un modelo en el que la institucionalidad se utiliza para proteger a los poderosos, añadió.
En ese sentido, refirió que se han documentado diversos hechos que exhiben un patrón que amerita ser revisado con visión integral: programas sociales utilizados de manera facciosa, esquemas financieros opacos, proyectos fallidos con gasto excesivo, asignaciones de recursos con dudosa justificación, obra pública concentrada en ciertos consorcios, entre otros.
Destacó que cuando múltiples expedientes exhiben señales similares, la respuesta institucional no puede ser el carpetazo, sino la máxima diligencia.
Enseguida se enfocó en el señalamiento de un posible conflicto de interés relacionado con Seguritech y estructuras empresariales-personales vinculadas a partir de investigaciones periodísticas, y dijo que aun cuando el exgobernador haya declarado públicamente que el inmueble donde vive en Estados Unidos no es de su propiedad, y que se trata de un arrendamiento, eso no agota el tema.
Remarcó que, en asuntos de interés público, la obligación institucional es acreditar con documentos, actuaciones verificables y motivación suficiente que no existe un beneficio indebido, ni trato privilegiado, ni relación contractual que comprometa la imparcialidad del servicio público.
De igual forma dijo que lo que se cuestiona es la calidad y suficiencia del procedimiento, ya que, en un caso de alto impacto, no bastaba afirmar que no se acreditó o que no fue posible, porque la legitimidad del cierre exige conocer, por ejemplo, qué se pidió, a quién, cuándo, con qué soporte, qué se revisó, qué se descartó, por qué, y bajo qué estándar probatorio-administrativo.
Argumentó que, tratándose de posibles estructuras empresariales complejas, es indispensable que el análisis no se limite a una sola razón social, sino que abarque empresas relacionadas, subsidiarias, representaciones, socios, vehículos corporativos y beneficiarios reales, así como beneficios indirectos o triangulados.
Finalmente, manifestó que la sola existencia de un acuerdo de archivo, sin que exista máxima publicidad del expediente y sin que se conozcan con precisión las diligencias realizadas, alimenta la sospecha de impunidad y debilita la confianza en la institución cuya misión es combatir la corrupción.
