Vicios públicos: el plagio

Luis Miguel Rionda Ramírez

El plagio de una sencilla tesis de licenciatura en derecho ha desatado una crisis de legitimidad de dimensiones insospechadas para un evento que, hay que reconocerlo, tiene décadas de haberse normalizado en muchas universidades del país. El trance ha azotado a la Suprema Corte de Justicia, y que de refilón a la UNAM y a la SEP. La primera porque la ministra acusada de perpetrar hace 26 años un fraude académico aspiraba a presidir la Corte, y evidentemente este escollo impidió que concretara su aspiración. Pero quedó la mácula institucional de que uno de sus miembros parece carecer de escrúpulos y respeto por la producción ajena.

La UNAM también sale mal parada porque este escándalo deja muy lastimado su prestigio como formadora de profesionales éticos, respetuosos del orden legal y comprometidos con la verdad jurídica. No se atrevió a aplicar las sanciones académicas que se esperarían de una violación a su reglamento de titulación: el retiro o anulación del título profesional de la perpetradora, como castigo ejemplar para todos aquellos que caigan en la tentación de tomar atajos académicos mediante fraudes.

La SEP sencillamente pateó el bote, desconociendo su importante papel como certificadora única de las competencias profesionales que avalan las instituciones escolares. La cédula profesional es el permiso y reconocimiento que emite el Estado mexicano para que los profesionistas ejerzan legítimamente el oficio o el grado que lograron acreditar mediante la cumplimentación de un programa de estudios validado por el propio Estado.

Como profesor universitario, el caso me ha ofendido profundamente. Yo, junto con los chicos y chicas a los que he asesorado o dirigido sus tesis, conocemos el esfuerzo que representa elaborar un escrito complejo, con estructura de ensayo, que exige el despliegue de las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de años de estudio. En lo personal, me ha tocado elaborar tres tesis de grado para poder ostentarme hoy como doctor en ciencias sociales. Las tres son perfectamente consultables, incluso una de ellas se publicó como mi primer libro. Sin modestia ni pena me enorgullece este logro, así como el de los alumnos a quienes he acompañado en sus afanes por generar o sistematizar conocimiento. Desde 1991 he asesorado o dirigido 24 tesis de licenciatura, seis de maestría y diez de doctorado. Todos y todas mis tesistas me han enseñado mucho; principalmente las virtudes de la honestidad, el sentido de la vergüenza y la ética profesional.

En un país donde no se respeta la propiedad intelectual, donde se piratean los productos del talento ajeno, no sorprenden conductas como la cometida por la ministra.

Son “pecados de juventud”, dijo el presidente del país. Me niego a aceptarlo. El plagio de cualquier tipo es un fraude, un abuso de confianza, una tomada de pelo. Nuestros líderes en todos los campos deben reconocerlo y combatir estos vicios, porque el estado de derecho debe fundarse en una ética pública kantiana: el imperativo categórico de conservar, en todo momento, una conducta recta en función de un código que no admite excepciones.

Por Juan Ma J

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