El Plan B y sus consecuencias, 1

Luis Miguel Rionda

El Consejo General del INE, en su sesión extraordinaria del miércoles 25 de enero pasado, aprobó un informe que elaboraron las entidades ejecutivas del instituto, sobre “la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma […] de las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y […] la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

Esta batería de cambios legales conforma el denominado “Plan B” de la reforma electoral que busca imponer el actual régimen federal morenista. Esto luego del fracaso en su intento por impulsar una reforma aún más radical a nivel constitucional, que prácticamente habría desbaratado el actual sistema nacional de elecciones. Un sistema que se conformó luego de la reforma de 2014, diseñada por la oposición de izquierda para nulificar la injerencia de los poderes locales sobre la materia electoral.

El resumen ejecutivo del informe mencionado enlista los ámbitos donde el efecto de las reformas será más radical y dañino. Empezando por la eliminación de las 300 juntas distritales y afectación a las 32 juntas locales. Las primeras se conforman hoy por cinco vocalías ejecutivas, entre ellas la del Registro Federal de Electores, responsable de la emisión y gestión de las credenciales para votar en el distrito. Serían sustituidas por una oficina auxiliar a cargo de una sola persona, quien tendría que lidiar con la fuerte carga de trabajo que enfrentan los órganos distritales actuales.

Las juntas locales recortarían sus actuales cinco vocalías a tres, eliminando 262 plazas, 96 de las cuales son del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Vale la pena mencionar que el SPEN es hoy el mejor servicio público de carrera en el país, y que ha garantizado la profesionalización gracias a la permanencia y a la capacitación constante. Si se concreta la reforma, un 84% de ese personal sería despedido, lo que generaría un pasivo laboral enorme para las liquidaciones de ley.

También se pretende que los 853 Módulos de Atención Ciudadana (MAC), donde se tramitan las credenciales de elector, cierren sus actuales instalaciones y se muden a oficinas gubernamentales como escuelas, centros de salud y otros, donde padecerán condiciones de precarismo, hacinamiento e inseguridad en el manejo de la información personal de los ciudadanos. ¡Como si a las escuelas y hospitales públicos les sobraran espacios!

Reza el documento: “Afectar la actualización del padrón también significa lastimar una cartografía electoral puesta al día. No basta con tener a cada ciudadana y ciudadano en el padrón, sino que hay que tener georreferenciado con precisión su domicilio, pues así se sabe en qué casilla le corresponde votar.” Nada de eso pareció preocuparles a los ocurrentes diseñadores de la tijera de la austeridad republicana.

Se afectará también la operación electoral. Hoy día, en cada distrito se instala un promedio de 550 casillas, para las que hay que visitar, y en su caso capacitar, a alrededor de 72 ciudadanos por cada una en la sección correspondiente, para que funjan como funcionarios de casilla. Son 40 mil ciudadanos por distrito. Si se pretende contratar a personal eventual que se desempeñe temporalmente en estas delicadas funciones, es previsible un alto grado de improvisación y errores humanos que ya se habían superado desde 1991.

Una función poco conocida del INE es el monitoreo de los tiempos del Estado en radio y televisión, y de la propaganda electoral. Son 15 juntas locales y 128 distritales las que se encargan de ese seguimiento permanente mediante 143 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM). Esa obligación sería imposible de atender bajo las nuevas circunstancias.

Continuaré analizando este informe y sus consecuencias la próxima semana…

Por Juan Ma J

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