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*Es prioritario garantizar que el ganado cumpla con estándares sanitarios: Cervantes Barba
Deben mejorar las condiciones sanitarias en rastros.
El Pleno del Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las acciones necesarias para la rehabilitación y reapertura de los centros de inspección zoosanitaria y garanticen que cuentan con personal debidamente capacitado, infraestructura adecuada para su operación y mecanismos de vigilancia permanente que aseguren su correcto funcionamiento.
En la pasada sesión ordinaria, la diputada Rocío Cervantes Barba dijo que los Centros de Inspección Zoosanitaria representan un pilar fundamental para la protección de la salud pública, la sanidad animal y la competitividad del sector agropecuario de Guanajuato.
Apuntó que, su labor es indispensable para verificar la calidad e inocuidad de los productos de origen animal, prevenir la propagación de enfermedades y garantizar que el ganado que circula por el estado cumpla con los estándares sanitarios necesarios.
Manifestó que en los últimos años varios de esos centros en Guanajuato han permanecido abandonados, vandalizados o sin personal y sin cumplir su función esencial de vigilancia sanitaria, lo que ha incrementado el riesgo de que el ganado transite sin inspecciones adecuadas y sin la detección temprana de plagas como el gusano barrenador, una amenaza que ha crecido a nivel nacional.
Afirmó que la ausencia de centros operando correctamente incrementa el riesgo de propagación de enfermedades como la fiebre aftosa, la influenza aviar, la peste aftosa y la tuberculosis bovina, afectando tanto la salud humana como la productividad ganadera, y es necesario proteger la salud de las personas y de los animales.
Finalmente, subrayó que, en un estado como Guanajuato, con regiones eminentemente agrícolas y ganaderas, la operación eficiente de esos centros no es solo una responsabilidad institucional, sino una necesidad estratégica para salvaguardar la sanidad, la economía y la seguridad alimentaria de miles de familias.
