0
0
*Acción Nacional siempre se opuso a ello: Espadas
Se pierde la transparencia.
La Bancada de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, siempre estuvo en contra de la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aseguró el diputado local Jorge Arturo Espada Galván.
Tras la reforma constitucional aprobada a finales de 2024 y formalizada a principios de 2025, este organismo desapareció y ahora en cada entidad federativa pasará lo mismo con los organismos de Acceso a la Información como en el caso de Guanajuato.
En este año deberá extinguirse el IACIP porque así está dispuesto en la legislación federal.
El coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Congreso Local, dijo que, con la reforma federal, obligó a Guanajuato a legislar en la materia.
Aunque el pleno del Congreso del Estado aprobó en diciembre pasado una partida presupuestal para el IACIP, los recursos deberán ser transferidos a otras instancias que se encargarán de realizar las actividades que hacía dicho Instituto en Guanajuato.
Sin duda alguna es un golpe muy fuerte a los organismos autónomos, a la transparencia y a los mecanismos que se generan en el país, de contrapesos.
Espadas Galván puntualizó que el pleno del Congreso Local del Estado está obligado a legislar, “por eso se hizo la adecuación en Guanajuato y ahora corre un proceso legislativo de reformas o la creación de la legislación secundaria en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que estoy seguro llegará a buen puerto con la participación de expertos, de diputados y de los equipos de trabajo y de la ciudadanía en general”, terminó.
El 20 de diciembre de 2024 entró en vigor la reforma constitucional que eliminó el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (INAI), junto con otros organismos autónomos de México.
La iniciativa, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentaba que estos órganos carecían de legitimidad democrática y favorecían intereses privados. Con su aprobación, la tutela del derecho de acceso a la información pública y la política de transparencia pasaron a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro. La reforma fue aprobada por mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso y avalada por 17 congresos estatales.
